En un comunicado, el Colegio de Enfermería ha reclamado también la retirada de «la ley injusta que compromete la salud de las personas» y ha defendido que, en una sociedad civilizada y avanzada, las razones morales deben estar por encima de las económicas. No obstante, «éstas ni siquiera existen» porque la sostenibilidad del sistema «no depende en absoluto de la negación a la atención regular a las personas que no cotizan a la Seguridad Social».
El Coiba, que ha remarcado que no existe «más razón que la ideológica» para amparar esta normativa «injusta», ha defendido también que la actuación del enfermero de Inca fue «absolutamente correcta».
Una muerte «evitable»
El Colegio ha lamentado además la muerte «evitable» de Pam y ha destacado que, con un acceso regular a los servicios de atención a la salud, esa pérdida no debía haberse producido.
En este sentido, ha recordado que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa cuya solución no está en los servicios de Urgencias sino, desde el inicio, en el estudio y seguimiento de contactos del primer caso detectado.
Además, también ha apuntado que hace un año advirtieron de que el Decreto Ley 16/2012 era injusto y suponía «un retroceso injustificable en los derechos sociales» y que, por tanto, «tendría graves consecuencias para la salud de los ciudadanos».
Finalmente, el Colegio ha indicado que «no va a pedir dimisiones pero sí la retirada inmediata del expediente sancionador, y de esa ley injusta que compromete la salud y la vida de las personas, y la seguridad de los profesionales», ha zanjado.
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