Miguel Zorío, de frente, en los juzgados de Palma. | M. À. Cañellas

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El juez instructor del ‘caso Nóos, José Castro, y las acusaciones disponen, desde ayer, de nuevo indicios supuestamente delictivos contra Iñaki Urdangarin.

En la ronda de declaraciones realizadas en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, varios colaboradores del yerno del Rey sirvieron en bandeja a los investigadores la supuesta comisión de un delito fiscal y otro de malversación por parte del marido de la infanta Cristina.

Mario Sorribas, considerado el ‘hombre de confianza' de Urdangarin, admitió que él era el único empleado de la sociedad Aizoon, de la que son copropietarios los duques de Palma.

Esto refuerza las pesquisas encaminadas a demostrar que Urdangarin utilizó a Aizoon como ‘pantalla' para eludir pagos a Hacienda disfrazándolos de aportaciones a nóminas de trabajadores.

La Agencia Tributaria sostiene que el yerno del Rey cometió un fraude a través de Aizoon en los ejercicios 2007 y 2008 al rebajar el tipo impositivo por declarar como impuesto de sociedades y no por el IRPF sus trabajos para Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde.

Facturas

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Otro de los imputados que declaró ayer, el empresario Miguel Zorio, afirmó que Urdangarin le hizo cambiar el concepto de unas facturas al Instituto Nóos sobre asesoría de comunicación para la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos por unos trabajos que no se habían realizado

Zorío, dueño de la empresa Lobby de Comunicación, dijo que tenía un contrato con el Instituto Nóos para montar la oficina de la candidatura de Valencia a organizar los Juegos Europeos, por el que la empresa cobraría 2 millones de euros en cuatro partes. Las facturas sobre las que Urdangarin indicó que había que cambiar el concepto se correspondían a asesoramiento de comunicación por unos 240.000 euros.

Robert Cockx, presunto testaferro de Urdangarin en Suiza, señaló en calidad de imputado a que en su primera comparecencia mintió porque «quería ser detenido», lo que provocó risas entre los asistentes al interrogatorio. Esa confesión se la hizo al fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

El encausado dijo que trabaja como ‘hombre de paja' para otros empresarios si bien «no para políticos ni criminales», como ya puso de manifiesto anteriormente en el marco de las investigaciones del ‘caso Nóos'.

Cockx señaló que su labor se centra en hacer de testaferro fiduciario en favor de terceras personas, con las excepciones anteriores, lo que asegura distinguir a través de sus clientes.

Finalmente, el empresario Alex Sánchez Mollinger, señaló que tanto él como Urdangarin cobraron unos 10.000 euros del Valencia CF por cada reunión que mantuvieron –tres en total– para buscar patrocinadores al equipo valencianista.

En su declaración, Sánchez, que declaró como testigo ante el juez, explicó que, además de buscar ‘sponsors' para el club valencianista, participó en otro proyecto vinculado a Urdangarin y dirigido a que la modalidad de baloncesto ‘3 por 3' fuese aceptada como deporte olímpico, así como en un tercero en el que el Banco Interamericano de Desarrollo encargó un estudio sobre cómo las ciudades pueden sacar provecho de la acogida de eventos deportivos.