Salut podrá integrar a hospitales sin ánimo de lucro en la red pública balear

Así lo indicó ayer el conseller de Salut, Martí Sansaloni acompañado por el director general del IB-Salut, Miquel Tomàs, en la presentación del proyecto de decreto ley de creación de la red hospitalaria pública que está previsto que sea aprobado hoy por el Consell de Govern.

«La integración de estos centros permitirá ampliar los servicios sanitarios públicos y ponerlos a disposición de los ciudadanos», dijo Sansaloni.

Convenios

Lo que se aprobará hoy en la creación del marco legal para que, con posterioridad, se puedan suscribir convenios singulares entre el IB-Salut y los hospitales privados sin ánimo de lucro cuyo régimen jurídico pasará a ser esencialmente público, con las excepciones de la titularidad del centro, que continuará siendo privada, y del personal, que se regirá por el derecho laboral privado.

La figura de los convenios singulares es una fórmula jurídica utilizada en otras comunidades autónomas caso de Galicia, Asturias, Canarias, Madrid o Aragón, donde se usa esta vinculación administrativa y se han integrado hospitales sin ánimo de lucro en las distintas redes hospitalarias públicas.

En el caso de Catalunya, tal y como explicó Sansaloni, este tipo de convenio «cuenta con una larga tradición».

El Hospital Sant Joan de Déu cuenta con 205 camas y el de Creu Roja con 50 que podrán integrarse a la red sanitaria pública balear.

«Tanto los servicios sanitarios públicos como los hospitales privados sin ánimo de lucro comparten el mismo espíritu: promover y preservar la salud sin buscar ningún beneficio más allá de garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos», indicó el conseller.

En cualquier momento de la vigencia del convenio, que puede tener una duración máxima de diez años, la Inspección Sanitaria del IB-Salut puede comprobar la calidad del proceso asistencial y si se cumplen las condiciones pactadas. Es obligatorio cumplir los requerimientos de información, además de las acciones de comprobación, control financiero y auditoría de la Intervención General y la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Autònoma consideren pertinentes.