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Las empresas podrán operar con una licencia en todo el país. | S. Amengual

J. L. Ruiz ColladoPalma09/07/13 0:00
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La aprobación por parte del Gobierno central de la Ley de Unidad de Mercado, que permitirá que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámites adicionales, ha generado disparidad de opiniones en las patronales, instituciones y el propio Govern.

La patronal PIMEM, que preside Jaume Xavier Roselló, ve con gran preocupación el proyecto de Ley de Unidad de Mercado en un aspecto fundamental, «ya que no contempla la insularidad y la grave desventaja competitiva que tiene Balears con respecto al resto de comunidades del territorio nacional».

Roselló puntualiza que ello supone «dar ventaja a las grandes empresas foráneas frente a las locales, y en lo que se refiere al sector comercial, a las grandes superficies, que no deberán solicitar el pertinente permiso de instalación al Govern autonómico respectivo. No obstante, y dada la amplitud y complejidad de la citada Ley, el servicio jurídico de PIMEM estudia sus efectos en los distintos sectores productivos».

El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joan Gual, incide también en el hecho insular, «porque puede tener consecuencias negativas, principalmente la Ley de Unidad de Mercado favorece claramente a las empresas más grandes que operan en todo el territorio. La unidad de mercado en territorio insular puede ser muy negativa».

Tanto PIMEM como la Cámara de Comercio hacen especial hincapié en los efectos perniciosos en la propia competitividad de las empresas de las Islas.

Govern y CAEB

La gerente de la patronal CAEB, Isabel Guitart, puntualizó ayer que «todo lo que sea eliminar regulación a las empresa siempre tiene un efecto positivo en la propia competitividad. La sobre regulación conlleva costes e incrementa la dispersión legislativa, afectando ello a la propia actividad de las empresa. Es absurdo tener que cumplimentar 17 normativas autonómicas, impidiendo ello a las empresas beneficiarse de las economías de escala».

El Govern, a través de la Conselleria d'Economia i Competitividad, se limitó ayer a reseñar: «Se está estudiando en estos momentos el contenido de la citada ley, pero ya tenemos asumido que va a propiciar un cambio de la Ley de Comercio y de la Ley del Juego. Habrá que analizar de forma pormenorizada esta ley».