En septiembre se convocará una reunión para atender las dudas de los ciudadanos sobre la Ordenanza. | Joan Torres

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La petición de Més para que el equipo de gobierno aclare «en términos comprensibles» su propuesta de la nueva Ordenanza de Ruido va a ser atendida. Ayer, en comisión de pleno, la regidora de Sanidad, Rosa Llobera, se comprometió a elaborar un documento que resuma «de forma accesible la información más relevante» y contribuir con ello a facilitar la participación ciudadana en un asunto de gran trascendencia.

A través de la regidora Marisol Fernández, Més planteó ayer en la comisión de Participación Ciudadana una proposición para que Cort abriera a principios de septiembre unas jornadas dirigidas a entidades y ciudadanos a título particular en las que se pudieran resolver dudas sobre la futura normativa de ruidos y vibraciones «cuyas tablas técnicas son de casi imposible comprensión para quienes no tengan conocimientos técnicos».

La aprobación inicial de la Ordenanza de Ruidos está prevista para el pleno ordinario a celebrar la semana próxima, y desde entonces, tras la publicación en el BOIB, se establecerá un plazo de sesenta días naturales para recibir alegaciones.

Aclaraciones

Fruto del debate producido en comisión, la regidora Llobera aceptó que durante el mes de agosto los técnicos municipales elaboren un resumen de la propuesta, con aclaraciones a la información más relevante, la cual será insertada en la web municipal y enviada por medios electrónicos a las entidades ciudadanas que están inscritas en el registro de Cort.

Para Llobera, el texto inicial de la Ordenanza «no está basado en criterios políticos sino técnicos, conforme a normativas en vigor de alcance nacional y autonómico y exigentes en sus restricciones», un argumento rechazado por el grupo municipal del PSOE, cuyos representantes hicieron constar que de mantenerse así la cambiarán en 2015 si acceden al gobierno municipal.

Més se abstuvo de esa advertencia y se conformó con las aclaraciones que propiciará el PP, considerando que el equipo de gobierno «ha entendido que se trata de una norma a largo plazo que no sólo se refiere a la convivencia vecinal en Ciutat sino también es una cuestión que afecta a la salud de las personas».