La Fiscalía de Balears ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, que no admita a trámite la querella interpuesta por el sindicato UGT y su exsecretario general Lorenzo Bravo contra el president del Govern, José Ramón Bauzá, por abonar con dinero público los honorarios de su abogado en otra demanda presentada por los mismos querellantes.
La querella también iba dirigida al vicepresident del Govern, Antonio Gómez.
Según la querella de UGT y Bravo, defendidos por el abogado Pablo Alonso de Caso, Bauzá cometió, presuntamente, los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por haber utilizado los servicios de la Abogacía de la Comunitat Autònoma.
Delitos
Según el escrito del Ministerio Público, los tres delitos apuntados por los querellantes quedan desvirtuados tras un estudio pormenorizado del escrito presentado ante el juez Garcías.
Con respecto a la prevaricación, el Ministerio Público afirma que si es potestad del president del Govern acudir a los servicios jurídicos para su defensa, «no puede haber una resolución injusta», lo mismo ocurre con la malversación de caudales públicos, y con respecto al tráfico de influencias mencionado en la querella , « no se puede demostrar que (Bauzá) halla influido en nadie para que se hiciera un informe en un sentido u otro», añade el escrito de la Fiscalía.
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