José Ramón Bauzá con Rajoy, Sáenz de Santamaría y Montoro. | Redacción Local

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El Gobierno central ha advertido al Govern en seis ocasiones que proyectos de ley aprobado por el Parlament pueden ser inconstitucionales por lo que le pide que las modifique. De hecho, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá se ha visto obligado a cambiar tres leyes de gran importancia aprobadas el año pasado ante el aviso de que podrían estar invadiendo competencias del Estado.

Se trata de la Ley de Medidas Urgentes de la Ordenación Urbanística, la llamadas ‘ley Company', la Ley de Turismo, aprobada por el departamento de Carlos Delgado, y la Ley de Medidas Tributarias para la Reducción del Déficit de la Comunitat Autònoma, promovida por el entonces vicepresident Josep Ignasi Aguiló.

Sobre estas tres materias ya se ha alcanzado un acuerdo entre ambas administraciones. La legislación establece que antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, ambos gobierno deben constituir una comisión bilateral para tratar de resolver sus discrepancias.

En esta fase de negociación se encuentran las otros tres normas sobre las que el Gobierno planteó discrepancias. En este caso se encuentra la modificación de la ley de caza y pesca, el decreto de coordinación de Policías Locales y el decreto ley de movilidad entre los funcionarios. Sobre este último ya existe un acuerdo verbal y el Govern modificará parte de su contenido a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, según anunció la consellera d'Administracions Públiques, Núria Riera.

En los últimos años, apenas se han presentado recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno hacia normas de Balears gracias a que las discrepancias de competencias se han resuelto en esta comisión que está presidida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro y por el vicepresident del Govern, Antonio Gómez.

‘Ley Company'

Hasta la fecha, la norma del Govern sobre la que se plantearon más discrepancias fue la conocida como ‘ley Company', hasta el punto de que se volvió a presentar una advertencia incluso a la segunda versión del texto que elaboró el Govern ya modificado.