La resolución, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima de este modo la demanda interpuesta por las mercantiles AZVI y Pavimentaciones MAN, representadas por el letrado Miquel Portals Casanovas, del despacho Roca Junyent. Las empresas solicitaban inicialmente un total de 1,4 millones de euros si bien finalmente descontaron el IVA de su petición y reconocieron que debía corregirse el importe de determinadas certificaciones.
De hecho, la propia Administración se opuso al pago de la cantidad inicial por cuanto consideraba que el cálculo efectuado era incorrecto y no se podía computar el IVA ni la tasa de dirección de obras a efectos de intereses. Además, recriminaba que los contratistas actuaban en su reclamación «en contra de la buena fe y con abuso de derecho».
No hubo mala fe, según el tribunal
No obstante, el tribunal rechaza en su sentencia que la contratista haya llevado a cabo su solicitud «con abuso de derecho y mala fe», al manifestar que las entidades actúan «en ejercicio legítimo de sus derechos al haber cobrado con retraso el importe de los trabajos realizados», como se establece en el pliego de cláusulas administrativas que regían el contrato y en aplicación, además, de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
En concreto, el contrato para la ejecución del desdoblamiento de la carretera C-713 (tramo Inca-Sa Pobla) fue suscrito el 11 de junio de 2004, y las obras estaban previstas en el Convenio de Carreteras firmado por el Govern con el Ministerio de Fomento en marzo de ese año con un presupuesto total de 49,6 millones de euros y un plazo previsto de ejecución de 19 meses.
Manifestaciones contra la ejecución de las obras
El impulso del proyecto provocó diversas manifestaciones de plataformas como 'No al Segon Cinturó', 'Autovía No', 'Sí desdoblamiento, No Autovía' y 'No Autovía Inca-Sa Pobla', del GOB y de algunos representantes políticos de EU/Els Verds, ERC y PSM, exigieron en su día la dimisión de la entonces consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, y reclamaron la paralización de las obras, entre otros proyectos previstos entonces por el Ejecutivo balear.
Las entidades criticaban así la construcción de «impactantes» autopistas y la ejecución de proyectos que suponían «un avance hacia la insostenibilidad». Cabe destacar que para llevar a cabo las obras fueron expropiados terrenos en los términos municipales de Inca, Selva, Campanet, Buger y Sa Pobla, lo que supuso unas 83,5 hectáreas.
5 comentarios
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Y seguro que alguno de los directivos de una de las empresas de esa UTE es alguien del Govern, que se ha autoindemnizado. Ya conocemos todos el percal de nuestros políticos.
yo lo único que se es que yo no tengo culpa, que debía haber ingenieros o entendidos en la materia de los que cobran una pasada de dinero para que luego pase esto y lo tenga que pagar el pueblo, el govern por si acaso ya han inventado un impuesto más.
yo lo único que se es que yo no tengo culpa, que debía haber ingenieros o entendidos en la materia de los que cobran una pasada de dinero para que luego pase esto y lo tenga que pagar el pueblo, el govern por si acaso ya han inventado un impuesto más.
sera culpable los "izquierdosos",verdad sñra.cabrer o zapatero mejor o quiza el pacte.VAYANSE POR FAVOR QUE DONDE PISAN SALE MRDA
Si, una atre etapa vergonyosa del PP. Com tot en la legislatura de Matas, fer obres faraoniques per omplir qualque butxaca. En el clima social de ara, no se si anyorarem a Matas.