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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado al Govern a abonar un total de 994.037 euros más intereses a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encargó de la ejecución del desdoblamiento de la carretera Inca-Sa Pobla, a raíz del retraso en el pago de distintas certificaciones de obra.

La resolución, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima de este modo la demanda interpuesta por las mercantiles AZVI y Pavimentaciones MAN, representadas por el letrado Miquel Portals Casanovas, del despacho Roca Junyent. Las empresas solicitaban inicialmente un total de 1,4 millones de euros si bien finalmente descontaron el IVA de su petición y reconocieron que debía corregirse el importe de determinadas certificaciones.

De hecho, la propia Administración se opuso al pago de la cantidad inicial por cuanto consideraba que el cálculo efectuado era incorrecto y no se podía computar el IVA ni la tasa de dirección de obras a efectos de intereses. Además, recriminaba que los contratistas actuaban en su reclamación «en contra de la buena fe y con abuso de derecho».

No hubo mala fe, según el tribunal

No obstante, el tribunal rechaza en su sentencia que la contratista haya llevado a cabo su solicitud «con abuso de derecho y mala fe», al manifestar que las entidades actúan «en ejercicio legítimo de sus derechos al haber cobrado con retraso el importe de los trabajos realizados», como se establece en el pliego de cláusulas administrativas que regían el contrato y en aplicación, además, de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

En concreto, el contrato para la ejecución del desdoblamiento de la carretera C-713 (tramo Inca-Sa Pobla) fue suscrito el 11 de junio de 2004, y las obras estaban previstas en el Convenio de Carreteras firmado por el Govern con el Ministerio de Fomento en marzo de ese año con un presupuesto total de 49,6 millones de euros y un plazo previsto de ejecución de 19 meses.

Manifestaciones contra la ejecución de las obras

El impulso del proyecto provocó diversas manifestaciones de plataformas como 'No al Segon Cinturó', 'Autovía No', 'Sí desdoblamiento, No Autovía' y 'No Autovía Inca-Sa Pobla', del GOB y de algunos representantes políticos de EU/Els Verds, ERC y PSM, exigieron en su día la dimisión de la entonces consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, y reclamaron la paralización de las obras, entre otros proyectos previstos entonces por el Ejecutivo balear.

Las entidades criticaban así la construcción de «impactantes» autopistas y la ejecución de proyectos que suponían «un avance hacia la insostenibilidad». Cabe destacar que para llevar a cabo las obras fueron expropiados terrenos en los términos municipales de Inca, Selva, Campanet, Buger y Sa Pobla, lo que supuso unas 83,5 hectáreas.