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La Fiscalía Anticorrupción solicita 94 años de cárcel para dieciocho miembros de la extinta Uniò Mallorquina, entre ellos, sus máximos dirigentes encabezados por Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Francesc Buils y Miquel Ángel Flaquer, por el presunto desvío de dinero público.

La causa, correspondiente a una pieza separara, la número 13, del ‘caso Voltor', se instruye desde 2009 en el Juzgado de Instrucción 10 de Palma, y en ella se investiga si la excúpula de UM facilitó la contratación irregular de trabajadores, todos ellos «camuflados» en proyectos públicos gestionados por el Cilma, según el fiscal.

Delitos

Todos esos trabajadores se dedicaron, en realidad, a tareas de captación de votos para UM, de acuerdo al relato del ministerio público. Los delitos presuntamente cometidos en esta causa son los de continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita y tráfico de influencias.

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Los máximos dirigentes de la desaparecida formación nacionalista «idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron» actuaciones para «sustraer importantes cantidades de fondos públicos», en concreto 436.752 euros, a los que tenían acceso en razón de sus cargos públicos, para beneficiar económicamente a su partido.

Según el ministerio público, los máximos responsables de UM crearon «una estructura jerárquica perfectamente organizada» cuya «líder» era Munar, a quien la Fiscalía califica de «jefe-director» de una trama donde ella establecía «las líneas maestras de funcionamiento de dicho grupo delictivo».

Las multas solicitadas ascienden a 198.000 euros. Los otros acusados son: Mateo Cañellas, Josep Lliteres, Eugenia Cañellas, Antonia Vidal, Eugenio Losada, Susana Mas, María Josefa Rodríguez, Catalina Julve, Antonia Segura, María Esperanza Massanet, Coloma Castañer, Pedro Mir, Antonio Moragues y Lucas Colom.