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El exjefe de contratación del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Rebassa, encarcelado por corrupción por una de las piezas del caso Voltor, ha atribuido al exconseller de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils la orden de contratar a dedo a un empresario miembro del partido.

Rebassa ha declarado hoy como imputado ante la titular del juzgado de instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, en relación a uno de los asuntos enmarcados en el caso Voltor, en el que se investigan el desvío a UM o sus dirigentes de fondos públicos de instituciones gobernadas por la extinta organización política.

El exresponsable de contratación del Inestur ha relatado que la orden de adjudicar al militante de UM Roger Gotarredona la organización de unos cursos de formación para guías turísticos de manera directa y sin publicidad se la dio personalmente el entonces conseller Buils.

Buils, que también cumple en prisión un condena a 3 años de cárcel por la misma trama de corrupción que Rebassa, ha comparecido también para declarar como imputado en el juzgado, pero se ha acogido a su derecho a no hacerlo.

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En esta pieza, la número 14 del caso Voltor, también se investiga el presunto desvío de fondos del Inestur para la creación de una página web de UM de Pollença.

Durante su declaración, RebRebassa ha asegurado que Gotarredona, que había trabajado en la campaña local de su partido en Alaró, donde él concurrió como candidato, se presentó más tarde en el Inestur para pedirle que le adjudicara contratos a sus empresas.

Cuando le dijo que no podía tomar esta decisión, el empresario habló con Buils y el entonces conseller le ordenó que le contratara, tras lo cual se limitó a poner en marcha el procedimiento, pero no lo supervisó, según ha explicado.

Rebassa ha asegurado que los dos contratos que él gestionó con el empresario, quien fue miembro del Consejo Político de UM, se ejecutaron correctamente y que el adjudicatario realizó el trabajo de forma satisfactoria.

El imputado ha señalado que no tiene constancia de que los fondos públicos percibidos por Gotarredona por sus contratos con el Inestur se emplearan para un fin diferente al pactado o que se pagaran comisiones por su adjudicación.