Pere Manel Mulet, Jaime Bueno y Miguel Reyero.

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Las organizaciones humanitarias Metges del Món, Amnistía Internacional, Prosocial, Xarxa per la Inclusió Social y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados denunciaron ayer que continúan las dificultades en el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes sin papeles.

Así lo indicó ayer el vicepresidente de Metges del Món Balears, Miguel Reyero, quien apuntó que «pese a las declaraciones de los responsables de la Administración en el sentido de que aquí se atiende a todo el mundo, muchas personas no tienen la posibilidad de acceso a los cuidados de salud, o bien este servicio depende de factores aleatorios como la buena voluntad de la persona que les atiende o la simple objeción de conciencia del profesional al que acceden».

Desde las organizaciones humanitarias denuncian que el doble pago de servicios como el transporte sanitario o de los fármacos, sobre todo por parte de los pensionistas, son barreras que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas.

Reyero apostilló que la situación no sólo afecta al colectivo de inmigrantes, sino que la sufre también la población autóctona de las Islas.

Pensionistas

En este contexto, Reyero apuntó que «el pago que hacen los pensionistas de un parte de la medicación está llevando al abandono de la toma discontinua de fármacos para tratamientos que pueden ser relevantes».

Las asociaciones piden al Govern que arbitre normativas que permitan la atención normalizada y básica a los colectivos que actualmente están privados de ella y que cumpla escrupulosamente los mínimos garantizados por las leyes estatales y normativas autonómicas en cuanto a la atención urgente y los cuidados posteriores hasta la situación de alta médica. Sin descuidar los daños en términos de salud que puedan derivarse del aumento de las barreras de acceso.