Camps testificará el sábado 1 de febrero a las 11:00 horas en presencia de la secretaria del juzgado número 3 de Palma en su despacho del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de Valencia -del que es miembro nato desde su dimisión como president de la Generalitat en verano de 2011-, salvo que previamente señale otro despacho oficial.
El expresident no podrá comunicarse con el exterior ni recibir asesoramiento de terceras personas, aunque si no desea escribir personalmente las respuestas y necesita que alguien lo haga podrá estar acompañado por una persona «no profesional del Derecho», según la providencia del juez instructor que estableció las condiciones de la declaración.
Camps, que se ha acogido al derecho que le otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal a declarar por escrito como antiguo presidente autonómico, responderá a cuestiones sobre su conocimiento y participación en los contratos que instituciones públicas valencianas suscribieron con el Instituto Nóos.
Las preguntas se le plantearán una a una, sin que Camps pueda conocerlas hasta que se le formulen, y tendrá que firmar la declaración junto a la secretaria judicial.
En la causa instruida por el juez de Palma José Castro se investigan los contratos que reportaron 3,1 millones de euros públicos al Instituto Nóos, la entidad dirigida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres investigada por presunta corrupción, por organizar tres cumbres en Valencia sobre deporte entre 2004 y 2006, las Valencia Summit.
Además de las preguntas formuladas por el juez, Camps tendrá que responder a las que han planteado la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, personado en este proceso, y a partir de sus respuestas el juez requerirá a las acusaciones para que puedan plantear «repreguntas».
El expresident de la Generalitat fue citado inicialmente a testificar el pasado 16 de noviembre en la Ciudad de la Justicia de Valencia, junto a otros testigos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
No obstante, Camps se acogió a su derecho a declarar por escrito, si bien el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma no logró localizarle ni en su domicilio ni por teléfono, por lo que finalmente tuvo que suspender la declaración.
Los grupos de la oposición calificaron de «espectáculo lamentable» y de «surrealista» que no se le pudiera localizar, y apuntaron la sospecha de que respondiera a «una estrategia de defensa procesal», para poder preparar su versión tras conocer las declaraciones de Barberá y del exconseller Gerardo Camps.
El expresident señaló posteriormente que no entendía el «tsunami mediático» que se había organizado en torno a él, y resaltó que en dos años solo había recibido «un papel» judicial desde Mallorca -el que le citó a declarar como testigo en Valencia-, dado que no es parte del proceso y no tiene acceso a las providencias.
El juez Castro ha citado también a declarar en calidad de testigos en la Ciudad de la Justicia de Valencia a once personas -entre funcionarios y ex altos cargos y directivos de sociedades públicas valencianas- el 31 de enero y el 1 de febrero.
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