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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha solicitado la escritura fundacional y los estatutos de la asociación civil Frente Cívico 'Somos Mayoría' (FCSM), impulsada en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita, que ha solicitado personarse como acusación popular en el caso Nóos con el objetivo de defender los intereses de la ciudadanía.

Mediante una providencia dictada este martes, el juez reclama asimismo a la entidad que acredite hallarse inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y, en base a todos estos datos, el magistrado resolverá si acepta o no que ejerza la acción popular en el marco de este procedimiento judicial.

La entidad presentó la semana pasada un escrito ante el Juzgado en el que pedía ser parte al recriminar cómo la ciudadanía «ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos».

En su escrito, el colectivo social afirma querer ejercer la acción popular «contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas» en la causa a raíz de unos hechos que constituyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

En este mismo sentido, considera «muy necesario reforzar la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego». De hecho, la entidad apunta a «la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana» motivada por «la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa y que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público». «Algo que se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera a citar a la Infanta Cristina».

«Anómala actuación de Fiscalía y Abogacía del Estado»

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Al respecto, la entidad alerta en su escrito de que «desde entonces el sistema procesal se haya visto distorsionado por lo que muchos ciudadanos consideran una anómala actuación del fiscal anticorrupción y la abogacía del Estado» y que, a su juicio, hay motivos «para deducir que su actuación no se corresponde con lo que les demandan las leyes en su aplicación al caso concreto», según reza el escrito.

Es más, según ponía de manifiesto en la página web de la entidad el portavoz estatal de Frente Cívico, Ginés Fernández, la petición de personarse responde también a «la injerencia del poder Ejecutivo» en la causa, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que «aseguraba estar convencido de que a la Infanta le irá bien en este proceso y de su inocencia».

«Las palabras de Rajoy nos han invitado a personarnos en este caso», explica el portavoz de la asociación, quien ha indicado que «todo apunta a que la Infanta no tenga ningún tipo de perjuicio y entonces no se aplique el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley».

Acusaciones populares

Cabe señalar que en el caso Nóos se encuentran personados como acusación popular el sindicato Manos Limpias -que ha presentado alegaciones a la petición de Frente Cívico- y los concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia.

Sin embargo, durante la instrucción de la causa también han solicitado ejercer la acción popular un criminólogo y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), y la Iglesia Evangélica Jesús, Amor y Libertad, y una modelo que denunció abusos sexuales por parte de un príncipe saudí en Ibiza. Estas peticiones fueron desestimadas por el magistrado.