Así lo han informado fuentes del organismo colegial, que han precisado que, de determinarse que uno de los abogados presentes en la sala incurrió en esta conducta, se abrirá un acta de información previa, que podrá derivar en archivo -en caso de no existir responsabilidad alguna- o en la apertura de un expediente sancionador, previo análisis de la Comisión de Deontología del Icaib.
Una sanción que, según han especificado, puede ser leve, grave o muy grave dependiendo de la gravedad de su conducta y que puede conllevar la suspensión temporal del ejercicio de la abogacía. Tal y como han señalado, la apertura del expediente correría a cargo del Colegio de Abogados de las islas, si bien la ejecución de la sanción iría a cargo de la institución en la que el abogado en cuestión estuviera colegiado.
Según fuentes jurídicas, la conducta de quien grabó el vídeo podría constituir un delito de desobediencia a una resolución judicial, por cuanto el juez Castro había prohibido que ninguna persona, durante la declaración de la Infanta, accediera al interior del edificio judicial de Via Alemania con móviles, 'tablets', ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos. Una medida que también se aplicó él mismo así como los fiscales anticorrupción.
El desacato de esta advertencia podría conllevar así la apertura de un expediente sancionador por parte del Colegio de Abogados, además, a nivel penal, de ser castigado con pena de multa e inhabilitación.
Por ahora, la Policía Nacional está llevando a cabo las diligencias de prueba pertinentes de cara a acotar sus pesquisas en torno al autor de los hechos, quien sería interrogado una vez confirmadas las hipótesis que manejan. Entre las actuaciones previstas por el cuerpo, se encuentra contactar con todos los asistentes que estuvieron en la sala para averiguar si, desde la posición en la que se encontraban, vieron a la persona que realizó la filmación.
El decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, anunció este lunes la apertura de diligencias previas contra la persona que filtrase la fotografía y el vídeo, y atribuyó lo sucedido a un fallo del sistema de seguridad por cuanto la persona en cuestión logró acceder al edificio judicial con un dispositivo que permitiera la grabación.
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Crec que tenim poques possibilitats que es tracti d'un advocat balear, afiliats doncs al Col.legi.