La infanta Cristina, llegando a los juzgados. | Jaume Morey

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El juez que investiga la difusión del vídeo de la declaración de la infanta Cristina, grabado contraviniendo órdenes expresas del magistrado instructor del ‘caso Nóos', José Castro, solicitó ayer a la empresa que colgó las imágenes en la web, Wouzee, datos del usuario que las aportó. La Policía Nacional acudió ayer a la sede madrileña de la empresa, cuyo máximo responsable es Marcial Cucurella, hermano de Julita, asistenta de Iñaki Urdangarin, para recabar datos en cumplimiento del mandato del titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Penalva.

De forma paralela, la policía de Palma continúa investigando las circunstancias que rodearon la grabación de la declaración de la Infanta, conseguida de manera furtiva, posiblemente por uno de los abogados madrileños presentes, a pesar de de las severas medidas de seguridad que se adoptaron. Los agentes están interrogando a los letrados y funcionarios presentes para intentar identificar al autor del vídeo ‘pirata' y tampoco descartan reconstruir la posición que ocuparon en los bancos de la Sala F del Juzgado de Vía Alemania las personas presentes en el interrogatorios.

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Cucurella declaró ayer a Efe en Madrid que la investigación ordenada por el juez es «lógica», si bien subrayó que la «falta está en la grabación pero no en la emisión» de las imágenes.

Explicó que el vídeo tuvo que ser retirado al tratarse de un contenido «muy delicado», si bien el lunes volvió a aparecer en la plataforma de internet después de que un usuario identificado como «infanta» lo colgase por segunda vez. Asimismo, el abogado de la infanta Cristina Jesús María Silva aseguró ayer que la duquesa de Palma «no tiene ganas de plantear ninguna denuncia» sobre la filtración de un vídeo de su declaración.