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El pleno del Parlament ha aprobado hoy la primera Ley del Suelo de Baleares, con las críticas de PSIB y MÉS, que han cuestionado que la normativa «amnistía» ilegalidades porque regulariza las infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico, y porque la normativa excluye este espacio.

La ley ha contado con los votos a favor del PP, y el diputado no adscrito Antoni Pastor, mientras PSIB-PSOE, MÉS y la diputada Margalida Font han votado en contra y se han abstenido en los distintos artículos de la normativa.

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha destacado durante su exposición de la ley en el pleno que la misma surge de «un texto muy consensuado» con la sociedad civil y ha considerado que la aceptación del 40 % de las 453 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y diputados no adscritos supone haber llegado a un amplio consenso en la normativa. Company ha admitido que, no obstante, no se ha podido llegar a un acuerdo en un tema básico y que tiene que ver con las distintas «formas de ver las cosas».

En concreto, se ha referido a que la normativa legaliza infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico y asentamientos en medio rural.

Para el conseller no regularizar estas edificaciones que no se pueden derribar porque el posible delito ha prescrito «sería mirar hacia otro lado» como se ha hecho hasta ahora. «Nos guste o no existen estas edificaciones (...) ¿Qué sentido tiene mantener una situación al margen de la realidad?», ha insistido el conseller.

Company ha defendido que la normativa, de 193 artículos, aportará un nuevo margen urbanístico y otorga a ayuntamiento y consells nuevas herramientas para implantar sus políticas, con la intención de que los planes generales municipales «no sean papel mojado».

La ley prevé una regulación urbanística sostenible con la intención de hacer «un urbanismo riguroso que responda a las demandas ciudadanas», por lo que el conseller, ha destacado la transparencia que impulsa la normativa a través de una mayor participación.

La simplificación administrativa y el incremento de las sanciones, así como la rapidez para imponerlas si se detectan irregularidades en suelo rústico, son otras de las características de la ley, ha especificado Company, que ha enfatizado que se trata de la primera Ley del Suelo de Baleares.

Una primera normativa que, en opinión de la oposición, supondrá «una oportunidad perdida» porque no incorpora regulaciones en suelo rústico, un concepto con el que han coincidido en criticar PSIB , MÉS, y los diputados no adscritos Margalida Font y Antoni Pastor.

El socialista Jaume Carbonero ha acusado al Govern de no haber incluido la ordenación del suelo rústico en esta ley porque lo hará en una próxima normativa agraria y se ha referido a la amnistía para los infractores.

Carbonero ha criticado que los propietarios de las edificaciones ilegales puedan regularizarlas pagando unas tasas, eliminando la intervención de ayuntamientos y consells insulars, por lo que, para el socialista, la normativa resta competencias a estos organismos.

Según el diputado del PSIB esta legalización de construcciones irregulares producirá un «efecto llamada» y finalmente creará una situación de «inseguridad jurídica».

El diputado de MÉS David Abril ha incidido en la idea de la pérdida de la oportunidad y la falta de consenso, y ha criticado que con la ley el Govern vuelve a «perder el sentido común» sobre protección del territorio que se regularizó hace 30 años con la primera normativa sobre este asunto y que se perdió en el segundo mandato del expresidente del Govern Jaume Matas.

Abril ha criticado que esta ley no prevé paralizar determinados macro proyectos urbanísticos anunciados. «Nuestro petróleo es nuestro paisaje», ha apuntado el diputado de MÉS en alusión a la frase «nuestro petróleo es el turismo» del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, sobre los sondeos sísmicos.

Font ha insistido en que esta Ley del Suelo deja fuera de regulación el 90 % del suelo de Baleares, al excluir el rústico, y que se trata de una normativa «desarrollista» que no soluciona los problemas de las islas.

Pastor ha calificado de «parcial» la normativa y ha considerado que la misma debería dar más participación a los ayuntamientos.

Previo al debate, la portavoz del grupo ecologista Gob, Margalida Ramis, ha criticado la aprobación de la ley porque, en su opinión, favorece el crecimiento, la mercantilización del suelo rústico, rebaja los estándares de sostenibilidad y la calidad de vida.

Para Ramis, con esta ley «el PP se convierte en cómplice del urbanismo ilegal y corrupto que la justicia persigue», al regularizar las ilegalidades en suelo rústico.

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