Cada vez más ciudadanos tienen dificultades para pagar las cuotas de las comunidades de propietarios. | M. À. Cañellas

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Las comunidades de propietarios también sufren los efectos de la crisis económica. Las cuotas mensuales son un gasto más para los ciudadanos, que en muchas ocasiones tienen dificultades para afrontar. En 2013, la morosidad se incrementó un 22,56 % con relación al año anterior en Balears, según el informe anual que elaboran el Observatorio de las Comunidades de Propietarios y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

La deuda ascendió el pasado año a 53 millones en las Islas, diez millones más que el año anterior. A nivel estatal, la morosidad se situó en los 1.798 millones de euros, casi un 12 % más respecto a los 1.606 millones del año anterior. Balears es una de las comunidades donde la mora más se incrementó en términos porcentuales, solo por detrás de Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia.

La deuda en las comunidades de propietarios se ha incrementado de forma considerable en los últimos años a raíz de la crisis, que ha puesto en jaque la economía de muchas familias y que los administradores de fincas asocian al incremento del paro. La consecuencia directa de ellos es que los ingresos se han reducido, mientras los gastos se han mantenido. Hay administraciones de fincas que acumulan deudas de hasta 500.000 euros por impagos.

Los administradores reconocen que las cuotas de la comunidad son las últimas que se pagan ya que los ciudadanos priorizan otras facturas, como la luz por temor a quedarse sin suministro.

Bancos

No solo la situación económica de los ciudadanos contribuye a la mora de las comunidades de propietarios. Buena parte de la deuda corresponde a entidades financieras e incluso a la Administración autonómica. De acuerdo con los datos del informe, en Balears diez de los 53 millones de deuda corresponden a los bancos.

El Observatorio destaca que la gestión de los activos inmobiliarios de la banca está siendo un problema no solo por la gestión de venta, sino también por la propia gestión patrimonial. Esto provoca que, aun teniendo voluntad, el propio sistema de gestión del patrimonio genera dilaciones en los pagos a sus comunidades. Después de la burbuja inmobiliaria, las entidades financieras se han convertido en propietarias de muchos inmuebles que quedaron sin vender, lo que ha contribuido de forma negativa a las arcas de las comunidades.

En muchas ocasiones, los administradores, previa aprobación de la junta de propietarios, han interpuesto demandas ante los impagos. Por ese motivo, los administradores de fincas batallaron para conseguir una rebaja de las tasas judiciales a las comunidades de propietarios. Ahora se les aplica la tasa del 0,1 % en lugar del 0,5 %, que supone un ahorro importante.