Munar comenzó a tener problemas de salud a partir del 2003 y empezó a delegar en Miquel Nadal (Palma) y en Bartomeu Vicens (Part Forana). | Pere Bota

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El ‘caso Can Domenge' será juzgado por el Tribunal Supremo el próximo miércoles en el recurso de casación presentado por Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer y Santiago Fiol, que fueron condenados por la Audiencia de Palma con una rapidez inusitada y con una sentencia que sólo tardó 19 días en hacerse pública. La Audiencia atendió prácticamente punto por punto a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción.

Munar fue condenada a seis años de cárcel (dos condenas por fraude a la Administración y por revelación de secretos); Nadal a 4 años; Flaquer a uno y Santiago Fiol a 18 meses.

La expresidenta ingresó en prisión el pasado 24 de julio por dos sentencias que en aquel momento aún no eran firmes.
La condena por el ‘caso Can Domenge' se basa en la adjudicación por el Consell de este solar a la empresa Sacresa tras una querella presentada por el constructor Núñez y Navarro.

Román Sarrahuja, titular de Sacresa, declaró tras haber pactado con la Fiscalía que había pagado 4 millones de comisión para ser el adjudicatario. También pacto con Fiscalía el exconseller de Territori del Consell Bartomeu Vicens, que reveló la existencia de una cuenta en Andorra con 600.000 euros, reconoció que Sacresa había pagado la comisión y declaró que el concurso estaba amañado. Sarrahuja y Vivens fueron condenados a penas prácticamente simbólicas.

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Pugna en UM

El ‘caso Can Domenge' se produjo en un contexto de notable tensión dentro de Unió Mallorquina. A partir de las autonómicas del 2003, Maria Antònia Munar (que era presidenta del Consell desde 1995) comenzó a tener un serio problema de salud y a delegar en los cargos en sus segundos. Eso se explicitó el 2007. Munar anunció que no sería candidata al Consell y delegó en la práctica la dirección del partido en Palma a Miquel Nadal y en la Part Forana a Bartomeu Vicens.

La cuerda comenzó a tensarse dentro de UM al abrirse la línea sucesoria. A ello vino a sumarse la querella de Can Domenge, que seguía adelante en el sumario judicial.

La empresa Núñez y Navarro se presentó a este concurso. Su objetivo urbanístico real eran los solares de Gesa, en la fachada marítima. Pensaba derribar el emblemático edificio racionalista del arquitecto Ferragut para levantar bloques de pisos. El Colegio de Arquitectos exigía la protección, extremo que aceptó el Consell presidido por Munar. Núñez amenazó con «enviar a Munar a la prisión» y en paralelo presentó una propuesta en el concurso de Can Domenge por un valor de 60 millones de euros, muy superior al de Sacresa, en un contexto de batalla urbanística tan común en aquellos tiempos.
Núñez llevó Can Domenge a los tribunales pero ha sido condenado en otro caso por sobornar a funcionarios. El Supremo revisa Can Domenge, que ha hecho aflorar el gran enfrentamiento dentro de UM por la sucesión de Munar.