La expresidenta del Parlament María Antònia Munar (UM), a su llegada el pasado 11 de marzo a los Juzgados de Vía Alemania de Palma para declarar en relación con un presunto soborno en el caso Son Oms. | Efe

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«Soy optimista. Confío en la absolución de Maria Antònia Munar, si no es así, el Supremo, que es un tribunal garantista, rebajará considerablemente la condena». Lo dijo ayer en Madrid el abogado de la expresidenta del Consell de Mallorca, José Antonio Choclán, tras defender un recurso de casación ante el Alto Tribunal contra la sentencia de seis años de cárcel de la Audiencia de Palma, dictada en 2013 contra Munar, por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial en el ‘caso Can Domenge'.

«Pedimos la nulidad del juicio y la celebración de uno nuevo, con otro jurado y con posibilidad de una defensa no vulnerada», manifestó. «La sentencia es nula de pleno derecho porque se vulneró la presunción de inocencia de Munar», agregó el letrado de la defensa, quien basa ese juicio en que el fallo «estaba diseñado» de antemano.

«A mi defendida se la condenó en base a una acusación de Bartomeu Vicens -que pactó beneficios procesales con la Fiscalía por esta delación- de cohecho, un delito que quedó fuera de la vista y que no fue juzgado por la Audiencia de Palma, lo que significa que, en todo caso, a Munar sólo se la podría juzgar por fraude», añadió. «El cohecho fue sobreseído» en la causa de la Audiencia palmesana.

Choclán esgrimió sus argumentos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo Penal, ante los magistrados José Manuel Maza (ponente), Juan Saavedra (presidente), Julián Sánchez, José Ramón Soriano y Alberto Jorge Barreiro.

«Por la trascendencia mediática del caso hay que valorar si Maria Antònia Munar tuvo un juicio justo», se preguntó el penalista madrileño, que acusó a la Audiencia de Palma de «condenarla sin pruebas» tras aplicarle «el máximo poder punitivo» en una vista «cargada de prejuicios». «Se vulneró su derecho a tener un juez imparcial», abundó, en referencia a que «antes del proceso ya se había condenado de antemano» a la expresidenta del Parlament.

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Para Choclán, no es válido el testimonio del exconseller del Territorio Bartomeu Vicens -condenado a ocho meses de prisión- que acusó a Munar de integrar la trama que recibió 4 millones de la constructora Sacresa a cambio de adjudicarle a bajo precio el solar público Can Domenge.

«El testimonio de Vicens hace referencia a un cohecho que fue descartado en el juicio, en cambio la Audiencia no tuvo en cuenta la declaración exculpatoria del exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, quien aseguró que Munar no tuvo conocimiento de esta adjudicación», aclaró el letrado de la defensa. «La defensa no pudo defenderse de la acusación de Vicens», apuntó, por lo que considera que el proceso en la Audiencia de Palma de 2013, «es nulo».

Por su parte, el fiscal del Supremo Álvaro Redondo aseguró en su alegato que el proceder del fiscal de la Audiencia Provincial en el ‘caso Can Domenge' fue «impecable». «El fiscal no intenta arrancar confesiones que no tengan que ver con la verdad». Añadió que la confesión de Vicens –sobre un cobro de 4 millones a modo de soborno para Nadal, Munar y él mismo– aportada dos semanas antes del juicio, «por mucho que sorprendiera a las partes no significa que hubiera que celebrar una nueva vista».

Sobre Nadal dijo que fue protagonista de «una negociación torticera, ilegítima, ilegal e inmoral» para conceder a Sacresa por 30 millones de euros el solar de Can Domenge, valorado en muchos más millones a cambio de una comisión para financiar UM o para los propios dirigentes del partido.

De Miquel Àngel Flaquer, exconseller de Economia –condenado a un año de cárcel–, afirmó que «presidió la junta que adjudicó el solar».

Las defensas de Vicens, Nadal y Flaquer, representados por los letrados Carlos Gómez Jara, Javier Sánchez Vera y Gaspar Oliver, respectivamente, dudaron de la imparcialidad de la Audiencia Provincial y apelaron a la «neutralidad» del Supremo a la hora de absolver a sus patrocinados cuando dentro de alrededor de un mes se conozca la decisión de la sala sobre los recursos.