Tres delitos consumados contra la Hacienda pública, quince meses de cárcel sustituidos por tres penas de multa, y el pago de responsabilidad civil, todo ello, por un importe de 1,5 millones de euros.
La cantante Ana Torroja aceptó asumir en su integridad la sentencia dictada ayer ‘in voce’ por la titular del Juzgado de lo Penal 5 de Palma, Magdalena Morro, tras el acuerdo de conformidad que alcanzó con el fiscal anticorrupción Juan Carrau y la letrada jefa de la Abogacía del Estado, María Dolores Ripoll.
Después de tres horas y media de intensas negociaciones entre el abogado de Torroja, Enrique Molina, y las acusaciones, se plasmó el pacto de conformidad que adquirió firmeza cuando la jueza preguntó a las partes y a la cantante, única acusada en el juicio, si estaban de acuerdo. «Sí», dijo Ana Torroja, con un timbre de voz apenas audible en la sala, ocupada por curiosos y medios de comunicación.
La sentencia absuelve al abogado Gabriel Feliu y a Octavio Fernández después de que el fiscal retirara las acusaciones contra ellos por los hechos investigados desde 2009 en la pieza separada ‘Ñ’ de la ‘operación Relámpago’. El escrito de conformidad redactado por Anticorrupción contó con la adhesión de la Abogacía del Estado.
La interprete de ‘Hoy no me puedo levantar’ y ‘Maquíllate’, entre otros éxitos de Mecano en los años ochenta, debe abonar a Hacienda tres penas de multas de 121.24, 134.361 y 222.244 euros.
También deberá pagar en concepto de responsabilidad civil 796.410 euros por las cuotas defarudadas en los IRPF correspondientes a 2003, 2006 y 2007. Torroja también se compromete a pagar por vía administrativa 118.733 euros por el IRPF de 2004.
Según el escrito de conformidad, la acusada ha reconocido su omisión en el pago de tributos y ha consignado el pago de las cuotas delictivas omitidas, así como el de las costas de la Abogacía del Estado, que se cifran en 30.000 euros, ofreciendo su inmueble mallorquín de Camp de Mar como garantía del pago que se adeuda. Añade que en la artista concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño y la analógica de confesión y colaboración con la Justicia.
Ana Torroja pactó tras una investigación exhaustiva de sus sociedades extranjeras y nacionales. En una de ellas, Carlito’s Way, el juez que instruyó la causa, Antoni Garcías, ordenó el levantamiento del velo societario.
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