La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha citado a declarar como testigo, el próximo 30 de abril, al portavoz del equipo de gobierno del Ajuntament de Palma y presidente del Instituto Municipal de Informática (IMI), Julio Martínez, para interrogarle sobre el funcionamiento del correo utilizado por la Policía Local y sobre el cambio de protocolo que se llevó a cabo para su mayor seguridad a principios del mes de marzo.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que también esa jornada está emplazado a comparecer en los Juzgados de Vía Alemania el comisario Rafael Estarellas, también como testigo.
En concreto, la magistrada investiga el presunto amaño de unas oposiciones a oficial de la Policía mediante la filtración de las preguntas por correo electrónico. Se trata de una causa en la que se encuentran imputados, entre otros, el exdirector general de Seguretat Ciutadana del Ajuntament Enrique Calvo -quien presentó su dimisión tras ser encausado-, el exintendente de la Policía Local Antoni Vera y varios agentes que participaron en las pruebas.
Fue el pasado 12 de septiembre del pasado año cuando la Guardia Civil llevó a cabo un registro en las dependencias de la Policía Local, ubicadas en la Avenida San Fernando de Palma, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, quien se encontraba de guardia, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, el 18 de septiembre el alcalde de la capital balear, Mateu Isern, pidió disculpas y nombró a Guillem Mascaró como nuevo director general de Seguretat Ciutadana y a Nicolás Herrero como jefe de la Policía Local, tras la dimisión de Calvo y Vera de sus respectivos cargos.
Mientras tanto, la jueza abrió recientemente otras investigaciones centradas en el proceso de selección del tribunal que intervino en otras oposiciones, en este caso a agente de la Policía Local, por las que fue citada como imputada la teniente de alcalde de Función Pública, Irene San Gil. Su declaración fue finalmente suspendida después de que una funcionaria del Consistorio, quien también estaba citada como encausada, aportase la documentación que la magistrada había requerido sobre el proceso de selección del jurado.
Junto a San Gil estaban citados tres funcionarios, si bien finalmente no se llevaron a cabo los interrogatorios debido a la entrega de estos informes. Pese a que todos ellos continúan imputados en la causa, la magistrada dejó en suspenso las declaraciones mientras la Fiscalía Anticorrupción estudia la documentación aportada al Juzgado.
En concreto, se trata de unas investigaciones centradas en cómo se llevó a cabo la elección de los miembros del jurado que el 26 de marzo de 2012 intervinieron en el proceso de selección de 35 agentes de la Policía. Unas pesquisas que inició la jueza tras detectar que uno de los miembros inicialmente seleccionado titular de este tribunal es una de las personas que hay imputadas en la línea de investigación relativa al amaño de las oposiciones a oficial.
5 comentarios
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DECRET 45/1995, DE 4 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (BOCAIB núm. 61, de 13 de maig de 1995). 20. Durant el període d’informació reservada o en qualsevol moment del procediment en què l’instructor estimi que hi ha identitat de subjecte, fet i fonament entre la presumpta infracció administrativa i una possible falta o delicte, ho ha de fer conèixer a l’òrgan que hagi acordat la iniciació del procediment perquè aquest doni trasllat de les actuacions al Ministeri Fiscal. Això no serà obstacle perquè continuï la tramitació del procediment disciplinari fins que es dicti proposta de resolució. En aquest moment se’n suspendrà la tramitació a l’espera que es resolgui sobre la possible comissió de delicte o falta penal. 21. S’acordarà la suspensió del procediment quan es tengui coneixement de la substanciació d’un procés penal, si hi concorren les circumstàncies d’identitat, de subjecte, de fet i de fonament entre la presumpta falta disciplinària i algun dels delictes a què es refereix l’apartat anterior.
Llamar a alguien como testigo no implica que al que vayan a juzgar sea a él.....si la gente entendiera o tuviese más cultura, igual hasta entendían las noticias...
Toda esta panda de políticos que se creen que el ayuntamiento de Palma es suyo, habría que EXPULSARLOS DE LA POLÍTICA Y DE LA POSIBILIDAD DE SER ELEGIDOS. Una persona que pretenda ser política debe ser HONRADA Y PARECERLO. Y a la mínima sospecha DIMITIR, no sin antes dar explicaciones. Que vergüenza de políticos del PP. A LA CALLE!
Al alcaldable le podrían preguntar acerca de la gestión y responsabilidades de su hermana como Administradora del Principal... Para aprovechar la visita digo!
Be, ja es un veterano dels jutjats, on ja hi va anar pel cas funeraria. Tambe convendria explicasque feia en el consell d'administracio de l'emop el temps d'en rodrigo de santos. En fi, que sempre esta pen mig!