El contrato con la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad termina a finales de julio y, aunque se podría haber prorrogado por dos años más, la Fundación S'Estel de la que dependen ambos centros socioeducativos ha decidido no hacerlo, ha informado la Conselleria de Familia y Servicios Sociales en un comunicado.
La fundación ha decidido sacar un nuevo concurso con el objetivo de endurecer ciertos requisitos técnicos y formativos que deben cumplir los vigilantes.
El pliego de condiciones, publicado el pasado sábado en el BOIB, fija cláusulas como que el director del centro se reserva la potestad de retirar del servicio a vigilantes atendiendo a una motivación concreta.
La dirección también tendrá una parte más activa en la selección de estos trabajadores en el caso de que tengan que ser sustituidos y se establece un nivel formativo para los vigilantes adecuado a la delicada tarea que llevan a cabo.
Las funciones y el servicio que deben prestar los vigilantes se describen de forma más detallada, se establecen penalizaciones muy específicas y se incluye la rescisión del contrato por causas concretas.
Entre otras novedades, se introducen actividades formativas obligatorias para los vigilantes adscritos a estos centros, teniendo en cuenta la especificidad de su servicio.
La empresa concesionaria no podrá reemplazar al personal que trabaja en el centro unilateralmente, ni de forma temporal ni definitiva y además estará obligada a sustituir personal por cuestiones justificadas como «quejas que se formulen por escrito de forma motivada, tanto por incumplimiento de tareas encomendadas, falta de celo profesional, comportamiento incorrecto o incompatibilidad con los trabajadores del centro».
En el caso de que se produzca una sustitución, la selección del personal se realizará por el órgano contratante (la Fundación S'Estel), a partir de los currículos que aporte la empresa. Se añade la posibilidad de incluir una entrevista personal con los candidatos en el proceso de selección.
Por otra parte, la empresa adjudicataria estará obligada a comunicar a la Fundación S'Estel la resolución de cualquier expediente disciplinario que pueda imponerse a un trabajador de los centros de menores en caso de que incumplan el reglamento, así como la sanción que se les imponga.
Finalmente, las penalizaciones económicas establecidas por la Administración por incumplimiento del contrato se han concretado más y también han quedado más especificadas las causas de su rescisión.
Por ejemplo se considera incumplimiento o falta muy grave «la negligente intervención en el mantenimiento del orden interno del centro y/o llevar a cabo una actuación o comportamiento inadecuado con los menores internos».
Según la legislación actual, existe la obligación de que la empresa que resulte adjudicataria del servicio de vigilancia asuma todo el personal que tenga la titulación de vigilante y que actualmente presta sus servicios en Es Pinaret o Es Fusteret.
Para evitar que esta obligación legal ampare el mantenimiento en los centros de vigilantes que, supuestamente, han tenido una conducta inapropiada, el Govern ha cambiado en el contenido de los pliegos de condiciones, de modo que la dirección de Es Pinaret y Es Fusteret pueda impedir que sigan trabajando allí si lo argumenta.
La Conselleria ha recordado que desde que se conocieron las posibles conductas no apropiadas entre el personal de vigilancia de Es Pinaret, actuó y lo puso en conocimiento de diversos organismos competentes.
Además buscó una solución que garantizara un servicio adecuado y estable para los menores de los centros socioeducativos que dependen de la Fundación S'Estel.
También instó a la dirección del centro a que solicitara a la empresa adjudicataria actual la retirada del servicio de cuatro vigilantes sobre los que se habían recibido quejas en este sentido, por lo que desde el 4 de octubre de 2013 no han vuelto a trabajar allí.
4 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Ya les vale... a ver si lo arreglan y ponen servicios públicos de calidad.
No lo entiendo: El Pinaret depende de todo un Gobierno autonómico balear que tiene que contratar una empresa de seguridad privada externa, pero los internos infractores (además de menores de edad) lo son por resolución judicial. ¿Es que no es autosuficiente el Govern Balear? Si no es capaz de controlar todo eso, déjense de consells y governs y que se haga cargo el Estado, lo llevarían mejor.
Servicios de Calidad públicos: ¡Ya!
Dejemos a los jueces ejercer su labor instructora sobre todo lo que se ha ido publicando en UH y la prensa local. Y, espero, que la fiscalía adscrita al juzgado también investigue el fondo del asunto de ese servicio de vigilancia y no se quede en un sino contractual. Hay que depurar responsabilidades público-políticas, pues todo lo que se ha salido en los medios es muy grave.
¿Cuánto tiempo-meses, años- se ha permitido esa situación? ¿Quién o quienes son los responsables? ¿Qué ha hecho el juzgado y la fiscalía ante esos hechos denunciados? ¿Qué puede decir la Delegación del Gobierno de España ante las noticias que se vienen publicando y denunciando? ¿Acaso los internos no son menores que van por orden del juez a un lugar que se supone seguro y profesional?
El tiempo no les exime de tan horrendas noticias publicadas y de su, consiguiente, pésima gestión política.