Con ocasión de una rueda de prensa, el PI ha manifestado que el hecho de que el presidente balear «se niegue» a dialogar con los docentes y «haya hecho oídos sordos a la huelga de hambre de Jaume Sastre es un ejemplo más del sectarismo de Bauzá», que ve en los profesionales de la educación «un enemigo a batir».
Los vicepresidentes del PI, Antoni Pastor y Josep Melià, han ofrecido hoy una rueda de prensa sobre alquileres turísticos en la que también han valorado los tres años del gobierno autonómico.
Melià ha explicado que la formación continúa trabajando en la constitución de más comités locales del PI -ya se han creado 25- con el objetivo de presentarse a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene con un «proyecto autonómico consolidado».
También ha subrayado que se está haciendo un trabajo «silencioso pero efectivo tanto en Ibiza como en Menorca», y que en Palma se llevan a cabo encuentros «barriada a barriada» para hacer llegar el PI a todos «los rincones de la ciudad».
«Es como una lluvia fina que casi no se ve, pero que termina bañando», ha añadido.
En la conferencia informativa, el PI ha informado de que presentará al Parlament una proposición de ley para regular los alquileres turísticos, que han quedado fuera de la normativa de arrendamientos urbanos.
En Baleares, afirma el PI, el alquiler de casas y pisos es una realidad económica y una oportunidad de negocio de cara al turismo residencial.
«Negarlo no asegura la calidad y fomenta la economía sumergida», mantiene el PI, para quien deja fuera de la legislación los alquileres del uso turístico «provocaría una grave inseguridad jurídica».
Esta formación presentará una proposición de ley para modificar la normativa 8/2012 del turismo balear. El texto incluye una disposición adicional donde se especifican los requisitos necesarios que deberán cumplir las viviendas para poder acogerse a este tipo de alquileres.
Entre los mismos se encuentran presentar la declaración responsable de inicio de actividad turística y que sólo se acojan viviendas plurifamiliares con un máximo de 4 dormitorios y 2 plazas por habitación.
Además, se deberá disponer de la cédula de habitabilidad, debe haber un baño por cada tres plazas, las viviendas deben tener una antigüedad mínima de tres años y los ayuntamientos podrán establecer zonas en que quede excluido el alquiler de temporada.
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