Alicia MateosPalma de Mallorca21/06/14 0:00
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El Ajuntament de Palma ha destinado 2.236.750 euros a pagar ayudas a familias en los últimos nueve meses. En total, se han concedido 9.650 ayudas económicas, con una cuantía media de 223 euros, y 1.317 Becas de Infancia en Riesgo (BIR), con un importe medio de 290 euros. Estas datos se desprenden del informe sobre las prestaciones para la infancia y la familia en el verano de 2014 que ha encargado la regidora de Benestar Social, Aina Ferriol, para conocer las medidas que se deben adoptar para hacer frente a las deficiencias de alimentación infantil.

En el informe, firmado por el jefe de sección de Benestar Social, se especifica que «estamos convencidos de tener el 99 % de las familias y sus hijos detectados».

También se pone de manifiesto que el sistema educativo y el de salud han derivado cuatro familias a los servicios sociales desde el pasado mes de septiembre. Además, se explica que detrás de cada beca de infancia en riesgo hay una familia en situación grave de vulnerabilidad social, así como que los servicios sociales de atención primaria son «los principales detectores de estas situaciones y los valedores de los planes de inserción y de los proyectos comunitarios». Estas medidas «hacen posible que no haya un deterioro más fuerte de la situación de la ciudadanía más vulnerable».

A raíz de este informe, el gobierno municipal ha decidido mantener las becas de comedor también durante los meses de verano. Ferriol precisó que recibirán 298.000 euros de Madrid para este concepto, aunque reiteró que antes de conocer estas ayudas Cort ya había decidido mantener las becas de comedor en verano.

El regidor de Més, Antoni Noguera, preguntó si los servicios sociales pueden garantizar tres comidas diarias a los niños; la regidora de Benestar Social aseguró que sí, pero añadió que la beca de comedor es otra opción más.

Desahucios

Por otra parte, la comisión de Serveis a la Ciutadania rechazó la propuesta socialista de establecer un convenio con los bancos para que pongan a disposición de la ciudad sus inmuebles vacíos y destinarlos a vivienda social de alquiler, especialmente para familias que sufren procesos de desahucio. El PSOE también propuso que a la mediación e intermediación se le de un carácter de servicio público; el PP votó en contra de estos puntos y no salieron adelante. Sí se aprobó modificar el convenio con el Colegio de Abogados con la finalidad de que se contemple la labor de mediación e intermediación entre deudor y crédito «con la finalidad de dotar de eficiencia a la Oficina de Intermediación Hipotecaria».

La oposición recriminó que el alcalde asegurase en el pleno que los bancos ya no desahucian en Palma.