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El ‘caso Nóos' sigue para la infanta Cristina. El magistrado José Castro cierra la instrucción y aprecia que existen «indicios de criminalidad» contra la hermana del Rey «que debieran confirmarse o descartarse en juicio». Junto a ella el instructor incluye a otras 16 personas encabezadas por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, Jaume Matas y varios exaltos cargos más de los gobiernos balear y valencianos. El cogollo del caso sigue siendo el desvío de 4,5 millones de euros públicos a través de los eventos organizados por el Instituto Nóos en Mallorca y Valencia. A partir de ahí, el juez atribuye a la infanta un papel importante para lucrarse con ese dinero y facilitar que fuera desviado por su marido: «Hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 por ciento del capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon».

Los argumentos del juez son muy similares al auto en el que imputaba a la Infanta, al menos en lo que tiene que ver con los dos delitos fiscales que la imputa. La base es que las dudas que planteó entonces el juez no fueron disipadas por Cristina en su declaración: «La sola negación de la evidencia, la interminable apelación a la ignorancia y a la falta de memoria o la gratuita derivación hacia terceros no es imaginable que puedan determinar un cambio de criterio del instructor». Incluso Castro va más allá al afirmar que: «Si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido, es cuestión sobre la que este instructor no debe pronunciarse, quedando reservado su tratamiento al acto de juicio oral».

Lo que sí hace el auto es un especial esfuerzo para reforzar el otro delito que imputa a la Infanta, el de blanqueo de capitales. El magistrado repasa todas las facturas que reflejan gastos personales del matrimonio tales como cumpleaños y comuniones de los hijos que sufragó Aizoon: «Todo indica que Doña Cristina debió participar activamente en esos eventos de incontestable afección personal. Si ella no los abonó de su peculio, no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil».

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Castro mantiene contra Iñaki Urdangarin un total de ocho delitos diferentes por su participación en la trama. Define que él y Torres, de común acuerdo con el «anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas, cada una a su manera, con la Casa de su Majestad el Rey» conseguían de las administraciones públicas contratos. Una vez captado el cliente, «se despachaba el encargo de cualquier manera» y se ponía en marcha el mecanismo de empresas interpuestas para vaciar de fondos la supuesta entidad sin ánimo de lucro Nóos.
El auto del juez da por otra parte un plazo de veinte días a todas las acusaciones para que presenten sus escritos de conclusiones provisionales.

En total en la causa están personadas, además de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los gobiernos balear y valenciano, el Partido Popular de Baleares, Manos Limpias y el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia.

Todas las partes tienen ahora cinco días para recurrir el auto de José Castro. También pueden, de forma excepcional, plantear que se realicen nuevas pruebas.