El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, atiende a los medios tras entregar el escrito recurriendo ante la Audiencia Provincial de Baleares el auto por el que el juez José Castro puso este miércoles fin a las pesquisas del caso Nóos y acordó mantener la imputación de la Infanta Cristina. | MONTSERRAT T DIEZ

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El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitó ayer a la Audiencia de Palma que deje sin efecto el auto del juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, en el que mantiene a la infanta Cristina en calidad de imputada por los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, entre otras cuestiones. Idéntica petición presenta con respecto a la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, aunque por el delito fiscal. «El juez está en una espiral inquisitiva basada en la sospecha (al imputar a la Infanta)», precisa Horrach.

El fiscal solicita que se suspenda el trámite para presentar su escrito de acusación hasta que la Audiencia resuelva los recursos.

En un escrito de 75 folios, Horrach no solo censura con dureza al juez por incluir a la hermana del rey Felipe VI en la lista de dieciséis querellados en la causa, con expresiones nunca antes empleadas en recursos de apelación, sino que también, pide un «cambio legislativo» para «establecer un procedimiento de investigación pública, donde por fin el juez cumpla con las funciones que le encomienda la Constitución», subraya.

Apariencias

Horrach considera imprescindible, tomando en cuenta el «andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez (del instructor) para imputar a la infanta Cristina, «delimitar el alcance del ámbito investigador del instructor».

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Se remite a aquellos casos «en los que las partes acusadoras, bien por ser las únicas legitimadas, artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no sostienen la acción investigadora por la inexistencia de indicios incriminatorios».

Horrach pide a la Audiencia que revoque el auto de Castro en relación a la Infanta y Ana María Tejeiro respecto del delito contra la Hacienda Pública con el siguiente argumento: «Criminalizar conductas, como las presentes, que por sus circunstancias, características e intensidades son inocuas, implica desnaturalizar la jurisdicción penal, sirviéndose de la misma para debatir, bien sobre comportamientos cotidianos socialmente adecuados, bien sobre una supuesta falta de ejemplaridad».

El fiscal no ahorra epítetos para oponerse a la decisión de Castro. Afirma que el juez sufre «contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación» y desprecia indicios exculpatorios.

Le achaca que considere a la esposa de Iñaki Urdangarin «culpable, no se sabe bien de qué» y a partir de ahí emprenda «una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio».

El fiscal afirma que «hasta la fecha» no ha quedado de manifiesto la participación de la Infanta en el presunto delito contra la Hacienda Pública, ni se ha constatado indicio incriminatorio de que estaba al tanto de las actividades de su cónyuge en Nóos.

Y subraya: «El uso de la doctrina de la ‘ignorancia deliberada' para justificar la persecución de conductas atípicas constituye un recurso ‘taimado', una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas».