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La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado a salvaguardar la independencia judicial del instructor del 'caso Nóos' José Castro ante las «presiones» y «descalificaciones» que está recibiendo. Además, ha advertido de que los «ataques personales» del fiscal Pedro Horrach pueden suponer una falta disciplinaria grave de consideración hacia el juez.

La organización ha defendido que se puede discrepar con argumentos jurídicos de las decisiones de un magistrado instructor, pero ha alertado de que no resulta admisible la «descalificación con alusiones que no son jurídicas» sino que suponen «meros ataques personales».

«Todavía resulta más grave que, en el citado contexto de presiones mediáticas hacia el juez instructor, la Fiscalía contribuya con su actitud a favorecer las mismas, en lugar de reforzar la confianza de la ciudadanía hacia nuestras instituciones judiciales», ha añadido.

«Dichas valoraciones pueden suponer una falta disciplinaria, de acuerdo con el artículo 63.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al tratarse de una falta grave de consideración hacia el juez instructor», ha advertido.

A CASTRO LE TOCÓ EL CASO

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JpD ha recordado que Castro no asumió voluntariamente el caso en el que se investiga a Iñaki Urdangarin y doña Cristina de Borbón, sino que le correspondió conforme a las normas de reparto, limitándose a cumplir con su deber como integrante del Poder Judicial con «un gran esfuerzo profesional» en una causa de «especial complejidad fáctica y jurídica» entre presiones «lesivas para la independencia judicial».

«En determinados ámbitos no ha gustado el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales y se han empeñado en lanzar sobre él una campaña de deslegitimación para intentar restar credibilidad a sus actuaciones», ha proseguido la asociación, que ha destacado la llamativa actuación del Ministerio Público lanzando «insinuaciones maliciosas» sobre los objetivos del juez instructor.

En este punto, apunta que desde la Fiscalía se aseguró que José Castro se apoyaba en teorías conspiratorias y se afirmó que la infanta Cristina había sido imputada solo por ser quien era. «Con este tipo de manifestaciones se ha sugerido que el juez instructor tiene otras finalidades distintas a las de interpretar y aplicar adecuadamente la ley», ha agregado.

Para la asociación, el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la imputación de doña Cristina supone un salto cualitativo en esta situación al incluir alusiones «en las que se roza la acusación de prevaricar contra el juez instructor».

Finalmente, Jueces para la Democracia, sin entrar en el fondo de la materia, ha recalcado que el citado auto de procedimiento abreviado estaba «ampliamente motivado y explicaba con claridad» los indicios de criminalidad contra las personas imputadas, adecuándose «plenamente a los usos habituales de nuestro Estado de Derecho».