«La gente que no ha respetado las leyes, que no ha pagado impuestos, que no ha contratado profesionales y que ha contribuido a la «rururbanización» (urbanización del espacio rural) con consecuencias directas sobre los recursos naturales (como por ejemplo, la contaminación de acuíferos por la no disposición de fosas sépticas), ahora verá cómo el gobierno insular le otorga el premio de la legalización», dice el GOB en una nota de prensa.
El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves poner en marcha el mecanismo previsto en la ley del suelo a través de la cual se legalizan las infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico común o rústico protegido anteriores a 1991.
El GOB explica que estas ganancias de los infractores, ante la «incredulidad de los que cumplen la ley», vendrá porque la finca se podrá vender con más facilidad y a un precio mayor; permitirá dar la propiedad en garantía de préstamos hipotecarios y acceder a financiación, y se podrán hacer reformas, mejoras y ampliaciones.
Ante esta situación, el GOB reclama «un posicionamiento valiente de los ayuntamientos en la aplicación de la disciplina urbanística y la justicia social y una insumisión al cumplimiento de la ley ante este despropósito impulsado vía ley por el conseller (de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio), Biel Company».
«Los partidos políticos demostrarían así verdaderamente su compromiso con la protección del territorio y el cumplimiento de la disciplina urbanística más allá del discurso que quedará vacío de contenido si deciden acatar e impulsar la amnistía», concluye.
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