Diecinueve informes apuntan a una trama en torno a Radio Calvià para desviar fondos

Los informes, a los que ha tenido acceso Europa Press, inciden en la dinámica supuestamente delictiva desplegada por el Ayuntamiento de Calvià hasta el año 2011 a la hora de tramitar las contrataciones, y llega a considerar a Delgado «responsable» de las «conductas punibles penalmente» cuya existencia sostienen los investigadores en el marco de este procedimiento judicial. En concreto, las pesquisas apuntan a la comisión de delitos de malversación, fraude y prevaricación.

En relación a uno de los contratos sobre el que la Guardia Civil hace especial hincapié, relativo a la realización de la programación y la explotación de la publicidad para el año 2011 por un importe total de 70.553 euros, la Benemérita subraya que los ingresos obtenidos por explotar la publicidad fueron «un regalo» para la adjudicataria, la también querellada Antonia Pastrana, sin que conste «reclamación de resarcimiento» por parte del Consistorio. «Razones más que suficientes como para determinar la improcedencia del mismo», en alusión al negociado.

En anteriores informes, el Instituto Armado ya había señalado en esta misma línea que el Ayuntamiento no cobró los fondos que le correspondía percibir por dos contratos para la explotación de la publicidad de la emisora municipal. En este caso, la Guardia Civil señala que la propuesta de esta contratación fue realizada por la entonces responsable de Comunicación María José Merino, con la conformidad de Delgado.

Según los investigadores, para este negociado fueron invitadas, aparte de Pastrana, otras dos empresas que no hicieron acto alguno ni «mostraron interés». Entre otras irregularidades, los agentes aseveran que el proceso de recepción, registro y apertura de las plicas no reunió las debidas garantías, mientras que «paradójicamente es anulada la cláusula de revisión del contrato en claro perjuicio para el erario municipal».

Junto a Delgado, Merino y Pastrana, también se encuentran querellados en esta causa el actual alcalde de Calvià, Manuel Onieva, y el último adjudicatario del servicio de la emisora local, Fernando López Hinojosa, a raíz de su presunta concertación en la adjudicación ilícita de las contrataciones. El propio Delgado llegó a afirmar en rueda de prensa respeto al primer informe de la Guardia Civil que éste parece «propio de Torrente» y supone «un cúmulo de despropósitos».

En el resto de sus informes, la Guardia Civil incide de la misma forma en que, bajo el mandato de Delgado, finalizaron concursos abiertos antes de plazo, no se justificaron las necesidades de contratación ni los precios fijados e incluso se fraccionaron a fin de prescindir del procedimiento legal.

Delgado defiende que actuó con el visto bueno de los funcionarios

Mediante un escrito presentado el pasado mes de enero a la causa, la defensa de Delgado señalaba sin embargo que éste actuó «siempre» con el visto bueno previo de los funcionarios encargados del control de la legalidad y de la ejecución de los contratos que se encuentran bajo lupa judicial.

En su escrito, el abogado encargado de la defensa de Delgado y de Merino alegaba que «lo único» que se infiere del análisis de los distintos expedientes de contratación investigados es que éstos «fueron correctos» y que la intervención de ambos estuvo precedida en todo momento por la aprobación de los funcionarios a la tramitación de los contratos.

Delgado dimitió como conseller el pasado 27 de diciembre arguyendo «motivos personales». En su intervención ante los medios, al ser preguntado sobre si la decisión se podría haber tomado raíz de las diligencias abiertas contra él por Radio Calvià, aseguró que no tiene «nada que ver». «A mí no me mueven estas cosas tan absurdas», llegó a espetar.

Inicio de las investigaciones

Cabe recordar que las diligencias fueron incoadas en virtud de la querella interpuesta por el Grupo Municipal Socialista de Calvià, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso. De hecho, la jueza instructora del caso apuntaba en un auto a la existencia de «sospechas racionales» de que en la preparación y desarrollo de los contratos «se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito».

Según su resolución judicial, el objetivo de las irregularidades llevadas a cabo era «conseguir que la adjudicación a concretas personas predeterminadas» mientras que, además, en el marco de los procedimientos ya fraccionados «se habrían vulnerado también los criterios exigidos por la Ley con la misma espuria finalidad».

Una sentencia ya declaró nula una audición

Se da la circunstancia de que una sentencia dictada en octubre de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ya declaró nulo el decreto de Alcaldía por el que, el 26 de agosto de 2009, se adjudicaba a Pastrana el 'servicio para llevar a cabo la realización de los trabajos de producción y realización de la programación de Radio Calvià y la explotación de la publicidad en la emisora', por haberse tramitado «al margen de la legalidad».

En concreto, el servicio fue adjudicado por un total de 80.000 euros (68.965 más 11.034 de IVA) y, según el PSIB -también recurrente en aquel procedimiento- el expediente se realizó sin publicidad y por tramitación ordinaria, fundamentándose en un informe elaborado por María José Merino, «siendo la propia Administración la que ha querido que concurra sólo doña Antonia Pastrana, sin acreditar en modo alguno que sea el/la único/a empresario/a que pueda realizar la prestación».