s «Más que una victoria moral». Esta frase, pronunciada ayer por uno de los portavoces, resume sensación. De izquierda a derecha: Antonio Roca, Josep Amengual, Antoni Vallespir y Assumpció Renom. g Foto: MIQUEL ANGEL CAÑELLAS | Michel's

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La comunidad de los Missioners dels Sagrats Cors y la Asociación de Vecinos de La Real, que durante una década simbolizaron la resistencia a la construcción del hospital de Son Espases y presentaron hasta una veintena de recursos en diferentes instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, pusieron ayer a disposición de la Fiscalía documentación que, en su opinión, pueden añadir un nuevo delito en el llamado ‘caso Son Espases': la existencia de un delito urbanístico previo a la adjudicación que viciaría todo el proceso desde el principio.

Antoni Vallespir (actual prior de Lluc) y Josep Amengual, religiosos del monasterio cisterciense de La Real que participaron activamente en las movilizaciones, comparecieron ayer ante los medios de comunicación junto a Assumpció Renom y Antonio Roca (caras visibles de la asociación de vecinos) y tras mostrar su satisfacción por el hecho de que la Fiscalía esté investigando «una operación especulativa montada con la excusa de construir un hospital», anunciaron que ponen a disposición de la Justicia la documentación que obra en su poder y que ocupa «entre 30.000 y 40.000 folios».

Conjunto histórico

Apuntaron que aunque lo que ahora se investiga es el posible amaño de la concesión, «hay más etapas envueltas en una nebulosa». Tras recordar que una sentencia del Supremo pendiente de ejecutar, anula la modificación del plan general que hizo posible la construcción, mantuvieron que «se puede indagar un posible delito urbanístico desde el principio».

Tanto Vallespir como Amengual dijeron que aunque ahora la Justicia toma cartas en el asunto «no siempre fue así». Roca aludió a la «complicidad de los poderes» e incidió en que el actual Govern, mediante la ley del suelo, pretende «blindar» la ejecución de la sentencia, «legalizando» el hospital. No se pedirá la demolición, pero si queda la puerta abierta a compensaciones económicas. ¿A cuánto podría ascender esa compensación? Esa pregunta quedó si respuesta. Según Roca, lo que mejor le podría ocurrir al monasterio y su zona de influencia es que fuera declarado «conjunto histórico» para evitar más urbanizaciones. «Que la Fiscalía llegue hasta el fondo», pidieron.