El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha solicitado al Govern la relación de personas que desempeñaban funciones en el gabinete de Presidencia en el primer semestre de 2007, con Jaume Matas como jefe del Ejecutivo autonómico, después de que la exsecretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia Jane King responsabilizase al expresidente de ordenar el pago fraccionado de unos 100.000 euros para la presentación de una Ópera en Palma que no llegó a ver la luz.
Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado ha librado un oficio al Govern para que le remita la lista de empleados así como la indicación de los cargos que ocupaban durante esas fechas.
La petición se produce en el marco de la pieza separada número tres, que investiga las presuntas irregularidades que rodearon a la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para elaborar el anteproyecto de la Opera, así como el supuesto fraccionamiento de unos 100.000 euros en una decena de contratos menores -de entre 9.000 y 12.000 euros aproximadamente- para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso.
Según aseveró King, las órdenes de efectuar estos pagos provenían de Presidencia y en concreto fueron transmitidas por la secretaria de Matas Xesca Pascual, quien sustituía entonces a la exjefa de gabinete Dulce Linares, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, Pascual le llamó por teléfono para decirle que, por orden de Matas, le llegarían unas facturas que debía firmar para su posterior abono.
Los pagos iban dirigidos a diversos proveedores de cara a preparar un acto de presentación que finalmente no se llevó a cabo debido a que horas antes así lo había prohibido la Junta Electoral en 2007 ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de ese año. En su comparecencia, King manifestó que la forma en que le ordenaron articular los pagos parecía un fraccionamiento, y que fue ella la encargada de firmarlos porque el gabinete de Presidencia no tenía órgano de contratación.
La Opera fue proyectada al término de la última legislatura de Matas y la elaboración de su anteproyecto fue adjudicada a Calatrava, quien cobró 1,2 millones de euros públicos por este trabajo a pesar de que la infraestructura no llegó a ser construida. Según varios testigos, fue Matas quien dio la orden de contratar directamente al artista valenciano y quien fijó el precio que se le debía abonar.
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El Estado debería intervenir el Partido corruPto balears de una vez. Limpiarlo de chupópteros de la administración pública y regenerar la vida política en interés de toda la CIUDADANÍA!
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