Los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Palma (Emaya) han sido citados a declarar por el juez de Instrucción número 6 de Palma, Miguel Florit, por presunta apropiación indebida al ejecutar un aval de Envac, la empresa que instaló la recogida neumática.
El juez ha admitido a trámite la querella presentada por la empresa y ha citado a declarar al teniente alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente y presidente de Emaya, Andreu Garau, y a los otros ocho miembros del consejo de administración de Emaya, el próximo 18 de noviembre, ha informado la querellante en un comunicado.
Envac se ha querellado contra el consejo de administración de Emaya por la ejecución de un aval bancario de 240.240,27 euros el pasado julio, que considera que se le debería haber devuelto a la empresa hace ocho años.
En un auto, el juez cita a declarar a los querellados porque presume la posible existencia de un delito de apropiación indebida.
En 1998, las empresas Envac (entonces Centralsug) y Dragados y Construcciones, constituidas en UTE, resultaron adjudicatarias del proyecto de sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos de Palma, licitado por Emaya.
Una de las cláusulas del contrato era que debían constituir una fianza por valor del 4 % del importe de adjudicación (cubierta a razón de un 2% por cada empresa), que debería ser devuelta en el plazo de un mes desde la recepción definitiva de las obras.
La recepción definitiva de las obras fue certificada por Emaya el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2006, con lo que el aval debería haber sido devuelto en abril de 2006, según la compañía adjudicataria.
Según la empresa, Emaya «mantuvo indebidamente en su poder ocho años el citado aval y decidió ejecutarlo el pasado mes de julio, incorporando a su propio patrimonio la cantidad reconocida en la garantía».
La compañía asegura que el contrato de adjudicación explicitaba que dicho aval estaba única y exclusivamente destinado a garantizar responsabilidades de Envac y Urbaser durante la ejecución de las obras, y no guarda ninguna relación con el estado actual de la instalación.
Emaya responsabiliza a las dos empresas de los presuntos daños y perjuicios generados por una serie de deficiencias surgidas en los últimos años, cuando la operación y mantenimiento de la instalación ya era ejecutada directamente por la empresa municipal.
Además de Garau, han sido citados a declarar Jerónimo Saiz, Miguel Payeras, Jordi Llabrés, Miguel Barceló, Andreu Alcover, Carlos Aguilar, Josep Cardona y Neus Truyol.
La querella presentada por Envac es por un delito de apropiación indebida del 250 del Código Penal en su modalidad agravada, que prevé unas penas de 1 a 6 años de prisión y multa de seis a doce meses cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros, como es el caso denunciado ante el juzgado.
Emaya puso una demanda civil contra Envac Iberia y Urbaser el pasado julio, en la que reclama una indemnización de 26,5 millones de euros por daños y perjuicios sufridos, por incumplimientos que imputa a las empresas en relación con el sistema de recogida neumática, que está fuera de servicio y en estado de ruina desde mayo de 2012.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.