Después de que el pasado viernes la Audiencia de Palma mantuviera la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales y volviera imputar a cuatro encausados a quienes Castro había exonerado previamente, el juez instructor ha dictado una providencia en la que señala el plazo de diez días a las acusaciones.
Si mantienen los criterios que han planteado hasta ahora, solo el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, pedirá que la hermana del Rey se siente en el banquillo de los acusados.
Una vez las acusaciones señalen para quiénes pedirán condenas, por qué delitos y qué penas pedirán, el juez redactará el auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso en caso de que incluya a la infanta.
En su escrito, Castro recuerda que «excepcionalmente» las partes personadas podrán «interesar la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación».
El plazo para la presentación de lo escritos de acusación acabará en la última semana de noviembre, y a partir de ahí el juez instructor podrá dictar cuando lo considere oportuno el auto de apertura de juicio oral.
Pese a no disponer de un plazo concreto, Castro ha asegurado este lunes: «Indudablemente, tengo todas las ganas del mundo de terminar este asunto».
Tras el definitivo auto de apertura de juicio oral, se dará trámite a las defensas, un nuevo paso del procedimiento que podría alargarse.
Posteriormente, la Audiencia de Palma fijará la fecha para la celebración del juicio, una vista oral que dada la carga de trabajo de dicho organismo judicial no tendría lugar previsiblemente hasta finales de 2015 o principios de 2016.
El tribunal de la Audiencia que juzgará el caso será designado por turno de reparto. Existe un listado que incluye a los ocho magistrados titulares de la Audiencia de Palma (Francisca Ramis, Gema Robles, Eleonor Moyà, Juan Pedro Yllanes, de la sección primera, y Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna, Ana María Camesselle y Juan Jiménez de la segunda), y podría corresponderle ser ponente a cualquiera de ellos, que designaría a quienes le acompañan para formar la sala.
Ante el elevado número de encausados y su indiscutible interés mediático, el Tribunal Superior de Justicia de Balears deberá habilitar la infraestructura y medios oportunos para la celebración del juicio.
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