El 9 de diciembre finaliza el plazo fijado por el juez Castro para que le entreguen los escritos de acusación de esta causa, a partir de los cuales dictará el auto de apertura de juicio oral donde determinará quiénes se sentarán en el banquillo.
Acusarán la Fiscalía Anticorrupción; la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda y la de la comunidad autónoma balear en nombre del Govern, como acusaciones particulares; y el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia como acusaciones particulares.
Además, la abogacía de la Comunidad Valenciana previsiblemente presentará escrito debido a su personación a título de responsabilidad civil, para reclamar las posibles cantidades de fondos públicos por las que se ha visto perjudicada por estos hechos, en el caso de haya condena.
El martes se sabrá quiénes acusarán a la infanta Cristina, después de que la Audiencia de Palma confirmara el pasado 7 de noviembre su imputación como cooperadora en dos presuntos delitos de fraude fiscal cometidos por su marido en 2007 y 2008.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ya ha anticipado que no la acusará porque considera que «no existen elementos de juicio para sentar a la infanta en el banquillo».
Previsiblemente sí que solicitará que doña Cristina pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos, y prevé citarla como testigo en el juicio.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha adelantado que solicitará una condena de 8 años de prisión para la hermana del rey, 4 por cada uno de los dos delitos fiscales que le atribuirá en su escrito de acusación.
Ante la alta posibilidad de que únicamente Manos Limpias formule acusación contra la infanta, el juez Castro deberá determinar si la incluye como acusada en el auto de apertura de juicio oral o estima que la acusación no pude sustentarla únicamente una acusación popular, en aplicación de la llamada «doctrina Botín», fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007.
Los jueces de la Audiencia señalaron en su auto que «existe un matiz» que diferencia el caso de Botín del de la infanta, que es que ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió Urdangarin, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tienen intención de acusar.
Contra la decisión de sentarla en el banquillo no cabría recurso, pero si el juez opta por no incluirla entre los acusados aún le restaría a Manos Limpias la posibilidad de apelar a la Audiencia de Palma.
La Audiencia de Palma fijó además el pasado 7 de noviembre los 20 imputados del caso Nóos, cuatro más de los que había establecido el juez Castro en el auto con el que finalizó la instrucción del caso.
Son Iñaki Urdangarin, imputado de cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y otro de blanqueo de capitales; y su ex socio Diego Torres, por cinco delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias; cuatro de malversación y uno contra Hacienda, de falsedad, de estafa, de falsificación y de blanqueo.
También están imputados la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, responsable de personal del entramado de Nóos, y sus hermanos Marco Antonio (contable del instituto) y Miguel (secretario), así como el asesor fiscal Salvador Trinxet.
El expresidente del Govern y el PP balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, podrá ser acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, los mismos delitos que se le imputan al exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester.
También están imputados el ex director de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exsecretario del Ibatur, Miguel Ángel Bonet.
De la trama valenciana están imputados el vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado.
La ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen, está imputada por presunta prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por donar 120.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos.
Por lo mismo están imputados el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa y su ex director financiero, Gerardo Corral.
3 comentarios
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No devolverán nada, sabedlo, y el cuñado de un Rey no estará en la cárcel. Es una pena el tiempo perdido en buscar culpas, Cristina pasará por ton...a y nada y el esposo , más o menos. Seguirán con casoplones, ( ya comprarán otro y los pobres a rabiar por las leyes ...IGUALES PARA TODOS
Comprobaremos si realmente se trata de una "justicia para roba gallinas" ... o una Justicia, con mayúsculas, igual para todos: Si las ST son condenatorias: -inhabilitación -fuera porte de armas -devolución íntegra de lo robado -prisión Adelante, Castro, Carrau, Subiran, Horrach y Cia. Es lo único que está en pie de este Estado.
La pregunta del millón es saber si entre todos se devolverá hasta el último euro defraudado, más los intereses legales devengados. Lo contrario sería una pantomima y una forma de dilapidar los esfuerzos de las administraciones públicas