El juicio, que ha sido aplazado por dos veces, estaba fijado inicialmente para mayo, se postergó a octubre y de nuevo hasta diciembre, ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo por la venta de varias propiedades del principal acusado, embargadas por este caso, pero cuya venta podría ayudar a obtener la cuantía que se solicita como indemnización para los seis afectados que le compraron viviendas ilegales y le acusan.
El juicio es al pintor, a un notario de Marratxí como supuesto cómplice de la estafa por ayudarle a otorgar varias escrituras falsas y a un arquitecto técnico que simuló datos en la tramitación de un expediente de cédula de habitabilidad.
La Fiscalía considera que el principal acusado, un pintor sin ninguna otra cualificación técnica, construyó entre mayo de 2004 y octubre de 2005 diez viviendas en un edificio del barrio des Hostalets y las vendió ocultando a los compradores que se habían construido sin licencia de obras, contraviniendo la normativa municipal y que carecían de cédula de habitabilidad.
Siete compradores distintos le pagaron entre 73.000 y 120.000 euros por las viviendas que padecen humedades, goteras, filtraciones y fisuras en paredes y techos por defectos en su construcción, que han supuesto cuantiosas inversiones de reparación. Lo que cobró en total superó los 580.000 euros.
Para dotar las viviendas de legalidad aparente, se puso de acuerdo con el notario también acusado para otorgar una escritura de compraventa de un inmueble con local comercial construido en 1900; otra tres días después que cambiaba la descripción a inmueble ampliado con nueve viviendas, y una tercera cuatro meses posterior donde figura que el edificio albergaba diez casas.
Por otro lado, el principal acusado también se puso de acuerdo con un arquitecto técnico para simular en el expediente de tramitación de cédulas de habitabilidad que los compradores las solicitaban por renovación al haber caducado las cédulas anteriores que en realidad no existían.
El Ajuntament de Palma abrió un expediente de infracción en 2009 por todas las irregularidades detectadas, determinó que era imposible legalizar las viviendas y comunicó a los propietarios en marzo de 2012 la propuesta de demolición, retirada o reconstrucción de las obras, a su cargo.
Además de las penas de cárcel, de 8 años para el pintor, 4 años y 6 meses para el notario y 2 para el arquitecto técnico, y multas de 36.000 euros para el primero y 18.000 para cada uno de los otros dos acusados, la Fiscalía reclama que el promotor abone a los respectivos compradores los precios por la adquisición de las viviendas.
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¿Pintor artista o, como dicen algunos, pintor de brocha gorda?