En el informe al proyecto de 'Orden de Creación de la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia', al que ha tenido acceso Europa Press, el CGPJ destaca el «importante paso» que supone esta orden ministerial en el proceso de implantación de las nuevas tecnologías, aunque alerta de que «adolece» de una «necesaria concreción» en el desarrollo de sus contenidos y servicios.
A su entender, Justicia se ha «limitado a reproducir fielmente» artículos de la Ley de 2011 centrada en esta materia, «sin definir ni detallar aquellos contenidos y servicios» con los que contará la plataforma. Por ejemplo, efectúa una «determinación genérica, inconcreta e imperfecta» sobre los responsables de gestionar esta sede judicial electrónica.
Pone de relieve que la previsión de facilitar el acceso a los contenidos de la sede electrónica en las lenguas cooficiales resulta «innecesaria» habida cuenta de que el ámbito territorial de dicha plataforma se centra en las autonomías donde el castellano es la lengua oficial. Esta sede online estará disponible en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Balears.
DUDA DE QUE NO TENGA IMPACTO PRESUPUESTARIO
El órgano de gobierno de los jueces dice desconocer cuáles son los motivos que llevan al Ministerio a presentar una memoria «abreviada», en lugar de completa, sobre el impacto normativo de la sede judicial electrónica. En cualquier caso, pone en duda que su implantación no tenga efectos presupuestarios y ve «insuficiente» el plazo máximo de seis meses que contempla para dar «plena funcionalidad» a este servicio.
El informe, del que ha sido ponente la vocal María Victoria Cinto, tilda de «inoportuna» e «improcedente» la regulación del Punto General de Acceso a la Administración de Justicia, habida cuenta de la ley de 2011 establecía su funcionamiento en toda España y esta orden lo limita a las cinco comunidades del 'territorio Ministerio'.
Los vocales acusan al departamento de Rafael Catalá de dificultar en «gran medida» el control del Consejo al remitir a una posterior regulación los servicios más concretos de la sede electrónica. «Dificulta en gran medida el control del contenido y del respeto a las competencias del CGPJ, al tiempo que se opera una suerte de la deslegalización», añade.
Finalmente, conmina al Ministerio a reconocer de forma expresa las competencias del CGPJ en la aprobación de programas y aplicaciones informáticas, así como en el establecimiento de los criterios que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad entre todas ellas.
2 comentarios
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Las CC.AA. con competencias en Administración de Justicia deberían devolverlas al Estado, por el bien de la ciudadanía. Es un sinsentido, un doble gasto y un coladero de amiguetes en materia de personal.
El funcionamiento de la justicia de la señorita Pepis a nivel nacional,no llega ni tan siquiera,al muy deficiente.