Juan Manuel Lafuente, en primer término, con otros consellers, en el Parlament. | Joan Torres

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La ley de transparencia que quiere aprobar el PP elimina la prohibición de que los altos cargos del Ejecutivo concedan subvenciones a sus propias empresas. Sin embargo, se trata de una supresión efímera que no llegará a entrar en vigor ya que el PP ha anunciado cambios en el texto que ha presentado a la Cámara. Su propósito es aclarar algunas dudas jurídicas provocadas por el texto.

Una de ellas es la relativa a las subvenciones. La propuesta de los populares deroga la Ley de Incompatibilidades y específicamente el artículo que establece que los miembros del Ejecutivo no podrán tener más de un 10 por ciento de participación en las empresas que tengan contratos, conciertos o convenios con la Administración.

El PP reconoce que la literalidad de su propuesta conlleva no poner limitaciones a que las empresas de los altos cargos puedan recibir convenios. La ley de subvenciones, por su parte, impide cobrar ayudas a quienes aparecen en la Ley de Incompatiblidades, pero como la ley del PP la deroga, estas limitaciones quedan suprimidas.

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Miquel Jerez, diputado encargado de defender el texto, señaló que la voluntad del PP es mantener las mismas limitaciones que existen en la actualidad. Explicó que la supresión de varios artículos de la Ley de Incompatibilidades se debe a que ya están incorporados en la legislación básica estatal.

Tanto el diputado Miquel Jerez como el conseller d'Administracions Públiques, Juan Manuel Lafuente, se dirigieron este martes en privado a las diputadas socialistas Pilar Costa y Lourdes Aguiló para anunciarles su disposición a llegar a acuerdos e introducir modificaciones que aclaren el texto.

El PSIB, sin embargo, recela de las intenciones del Govern. Para ambas diputadas, es inaceptable que en una comunidad «golpeada por la corrupción», el president intente «volver a las andadas» y reduzca las exigencias en materia de incompatibilidades.