Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que, durante su comparecencia, ambos han defendido que en la fecha en que se celebró el negociado sin publicidad ninguno de ellos ocupaba ya cargo alguno en el Consell. En concreto, la adjudicación acabó en manos de Minser por unos 22.000 euros, mientras que ésta subcontrató a Vídeo U para materializar los trabajos.
Tal y como ha señalado Nadal, en esos momentos ya era concejal en el Ajuntament de Palma, por lo que no estaba al tanto de las contrataciones del Consell. Sí ha reconocido, tal y como ya lo hizo en su día, que controlaba mediante un testaferro la mitad de Vídeo U cuando ostentaba cargos públicos. De hecho, tanto Nadal como la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar fueron condenados por desviar 240.000 euros públicos a esta productora.
Frente a las alegaciones del imputado, el expropietario de Vídeo U Miquel Oliver señaló la pasada semana ante la jueza tener constancia por terceros de que Nadal fue quien indicó que fuese contratada su empresa pero, como ésta no tenía la clasificación técnica suficiente para optar al negociado, fue finalmente subcontratada por la mercantil que sí se hizo con la concesión.
Tanto Nadal como Buils han sido trasladados a los Juzgados de Vía Alemania, pasadas las 9.00 horas, desde el centro penitenciario de Palma, donde cumplen condena por otros casos de corrupción, y han permanecido en los calabozos hasta que varios agentes les han conducido hasta la sala donde han prestado declaración.
En el marco de esta causa, la Fiscalía investiga el hecho de que en el anterior negociado las tres empresas que concurrieron eran del mismo grupo, Minser, que de la docena de vídeos que debían proyectarse en el aeropuerto de Son Sant Joan finalmente se visionaran siete, y que la duración de varios de ellos fuera más corta que la exigida en el pliego de condiciones del contrato.
El presunto amaño del expediente se investiga junto a otras dos contrataciones cuya adjudicación global asciende a un total de 82.000 euros. Se trata de unos hechos por los que en mayo de 2012 fueron detenidos el los dos exsocios de Minser Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, quienes ingresaron en prisión sin fianza. Un mes después, los imputados fueron puestos en libertad.
Durante su declaración ante la magistrada de guardia que decretó su ingreso en la cárcel, Escuer y Rivas, asistidos respectivamente por los abogados Carlos Barceló y Salvador Perera, defendieron que los trabajos para los que resultaron adjudicatarios se llevaron a cabo, por lo que negaron cualquier tipo de irregularidad en su tramitación.
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