El diputado socialista Marc Pons, expresidente del Consell menorquín, ha defendido una proposición no de ley en la que cita casos en los que el Govern se ha implicado en el pago de sentencias, como la de Ses Covetes de Mallorca, donde ayudó al Ajuntament de Campos (PP) a la demolición de unos chalés ilegales. También ha esgrimido el caso del puente del Riuet de Manacor.
En opinión de Pons, «no es aceptable es que se utilice Cesgarden para intentar cargar contra el modelo territorial del que quisieron dotarse una amplia mayoría de menorquines, un PTI gracias al que el equipo de gobierno del PP ahora puede vender el paisaje de Menorca».
Para el expresidente del Consell, el PP y el PSIB «no deberían discutir» sobre un tema tan importante para Menorca, y ha pedido al diputado del PP y actual presidente del Consell de Menorca, Santiago Tadeo, que «no haga oposición a la oposición» porque es una «irresponsabilidad».
Tadeo ha mantenido que lo que debe hacer Pons es asumir su responsabilidad en este asunto, explicar por qué se ha llegado a esta situación y tratar de buscar soluciones.
«Es totalmente inconcebible -ha afirmado Tadeo- que el señor Pons haya estado callado durante años sin dar explicaciones, y hoy ni explique por qué se ha producido esta situación y exija este pago millonario».
«La solución (a esta deuda) no puede ser que la señora Armengol la pagará» si la candidata socialista es la próxima presidenta de Balears en la próxima legislatura, porque lo pagarán todos los ciudadanos con recursos públicos por la «mala gestión» de los socialistas, ha criticado Tadeo.
«El señor Pons no puede hacer de pirómano y al mismo tiempo de bombero», ha apostillado.
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La suma de 29 millones es descomunal, comparada a "Ses Covetes" o "Es Riuet". Los Consells insulars exigen autonomía y competencias, cuando hay vacas gordas, pero, en las dificultades, piden la intervención del Govern.