En un auto dictado el pasado 14 de abril, la juez Ana Sanjosé, dio cinco días de plazo a los recurrentes para que formulen sus alegaciones ante la Audiencia de Palma, quien, en octubre de 2014 ya rechazó los recursos en ese mismo sentido de otros cuatro imputados.
Además, del Consell, se han opuesto a que el ‘caso Peaje' vaya a juicio con jurado el exconseller insular de Obres Públiques, Antoni Pascual y el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar.
También han recurrido José Javier Navarro, Damián Nicolau, Guillermo Garí, Gabriel Mestre, Jerónimo Gutiérrez y Jaume Mascaró. En esta causa el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán ha investigado en los últimos cinco años un presunto perjuicio de 41,9 millones de euros en la construcción de un carril doble en la carretera Palma-Manacor que se inició en 2004. Los delitos a los que se enfrentan los imputados son malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y fraude a la administración.
Los abogados defensores criticaron al fiscal por excluir el delito de prevaricación con la finalidad de que la causa sea juzgada por un jurado popular y no por el juez predeterminado o un tribunal profesional.
En el auto que puso fin a la instrucción de la causa, la juez señaló que existen «indicios fundados» de que los querellados «emplearon diversos procedimientos» para defraudar.
5 comentarios
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En el l municipio de ses Salines, todos los ciudadanos estamos cansados que nuestro dinero se vaya por otros labarintos, que no sean para el ciudadano .Por cierto el exalcalde Lladonet. es intimo del sr.Pascual de la antigua UM. fISCALIA INVESTIGA LAS DOS ULTIMAS LEGISLATURAS
Pascual deberia estar con la Munar ,pero tiempo al tiempo.
El tipo este de Ariany siempre se ha ido de rositas no sé como se arregla.
y los que se han escapado ???? creo que son bastantes
"La defensa se opone a que se les juzgue también por prevaricación" alucinante ejemplo de que las leyes se hacen a medida , aunque en este caso la fiscalía se la ha jugado a los poderosos manipuladores y "presuntamente" expoliadores de dinero publico que podría haberse utilizado para atender a dependientes , pagar a proveedores o arreglar hospitales o colegios.