Así ha opinado Horrach, que este jueves ha pronunciado una conferencia en Valencia, al ser preguntado por periodistas sobre la insistencia de Iñaki Urdangarin para que el caso Noós sea juzgado por la Audiencia Nacional.
El fiscal ha asegurado que es un tema que «ya se ha planteado en dos o tres ocasiones anteriores y siempre ha sido rechazado, tanto por la Audiencia Nacional como por la Audiencia provincial de Baleares».
Sobre el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, Horrach ha asegurado que la Fiscalía no ha imputado ningún delito a Grau, sino que es la acusación popular la única que mantiene la imputación, por lo que, desde su punto de vista, «Alfonso Grau no ha tenido participación en los hechos delictivos de los que se le acusan».
Sin embargo, Horrach no descarta que la Fiscalía cambie esta opinión si durante el juicio se aportan pruebas, pero «en principio no», ha asegurado.
Durante la conferencia, el fiscal ha apuntado que aunque confía en el sentido común de los jurados populares, en el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, le resultó «difícil de entender», aunque la respeta, la decisión de absolver a Camps después de las pruebas mostradas durante la vista oral.
Difundir sumarios
Por otra parte, ha asegurado que «no es necesario modificar la legislación vigente y prohibir a los medios de comunicación publicar información filtrada sobre datos de una investigación secreta».
Horrach se ha referido a la polémica por unas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que luego matizó, sobre la posibilidad de sancionar sanciones a los medios por publicar filtraciones de investigaciones judiciales.
Según Horrach, en 2012 el Consejo General del Poder Judicial ya reclamó una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para evitar las filtraciones, pero en su opinión «no existen razones ni elementos que justifiquen un cambio legislativo que afecte a los medios de comunicación».
Horrach ha afirmado que se confunden las filtraciones con el tratamiento mediático que se le da a la investigación: «se confunde la filtración con la presunción de inocencia y con la indefensión», pero a su juicio, ambas cosas «están en planos distintos y no hay interferencia entre unas y otras».
«España no necesita más prohibiciones porque es el país de las reglamentaciones y las indefensiones. Al contrario, el lema por el que debería regirse la administración de justicia es el de más transparencia, que equivale a menor especulación», ha manifestado Horrach.
Después de hacer un repaso sobre las filtraciones en los casos de corrupción más mediáticos, Horrach ha concluido con que «son pocas las ocasiones en que las filtraciones hayan puesto en peligro el buen fin de la investigación».
Ha apelado a la profesionalidad de los periodistas, que son «conscientes de que, aunque conocen datos de una investigación declarada secreta, no pueden publicarlos hasta el momento en que no haya peligro para la investigación».
Según el fiscal, las proclamas para evitar las filtraciones «sólo se producen si los implicados en el proceso judicial son responsables políticos».
No obstante, Horrach ha asegurado que los medios también condicionan las decisiones judiciales, «porque es difícil abstraerse de la opinión pública creada por los medios».
Ha criticado que los medios de comunicación emitan juicios paralelos por los que deciden quién es culpable y quien no antes del juicio oral porque, en su opinión, «cuando llega el juicio oral después de 5 o 6 años de proceso y la persona, aunque sea absuelta, está más que condenada a nivel mediático».
Se ha quejado también de que la comunicación entre la Fiscalía y los medios sea «inexistente», al tiempo que ha reconocido que no han sabido comunicar mejor su función, por lo que ha abogado por potenciar los gabinetes de prensa en las fiscalías anticorrupción para evitar especulaciones y dar información veraz.
Ha defendido una reforma de la ley procesal (que es «muy antigua, del 1882") para otorgar la instrucción a los fiscales como responsables de probar si una persona cometió un hecho delictivo y aportar las pruebas correspondientes sin depender de un juez instructor.
Sobre la posibilidad de cambiar la denominación de imputado por investigado, ha opinado que solo se plantea si los implicados son responsables políticos. «El tratamiento de la noticia y los efectos negativos serán los mismos porque lo importante es lo que se diga de la persona procesada», ha concluido.
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