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El Consell de Govern ha aprobado este viernes un decreto ley que suspende durante seis meses la concesión de licencias comerciales a grandes superficies con el fin de proteger el territorio y «evitar la inseguridad jurídica» tras el recurso del Gobierno central a la ley de comercio balear.

El portavoz del Govern, Marc Pons, y el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, han explicado en rueda de prensa que no puede haber dos normativas en vigor al mismo tiempo, ya que este viernes entra en vigor la normativa estatal de comercio, una vez que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central, con lo que se suspende la balear.

Al estar publicada en el BOE la estatal se da pie a que se puedan solicitar «determinadas licencias de apertura», en alusión a las grandes superficies, ha señalado Negueruela, que ha justificado de esta manera la necesidad de un decreto ley que lo impida y que da respuesta a las demandas del sector, con el que se consensuó la ley de comercio balear que suspende el Constitucional, aprobada en octubre de 2014.

En concreto, se trata de un decreto ley de medidas urgentes en materia de grandes superficies, que entra en vigor hoy y que incorpora una disposición adicional por la que se suspende el otorgamiento de licencias a estos establecimientos comerciales durante seis meses.

Según ha explicado Negueruela, este periodo servirá para articular un mecanismo de procedimiento único de autorización autonómica, juntos a los organismos locales e insulares.

El decreto recoge también modificaciones de carácter técnico que afectan a los artículos 13, 14, 22 y 23 de la ley, que se refieren entre otros, al cambio de sentido en el silencio administrativo, para que se pase de negativo a positivo, como establece la ley estatal básica, y reformula los requisitos para la declaración de zona de gran afluencia turística, según esta misma legislación.

El conseller de Trabajo ha señalado que la suspensión de la ley de comercio balear supone «una agresión al modelo territorial» y ha aclarado que el decreto aprobado hoy no afecta a las licencias ya concedidas, ni nada a las de obras y otras que conceden los ayuntamientos. «No va a inmiscuirse en las competencias de otros organismos», ha incidido.

«Se evita inseguridad jurídica y garantizamos el equilibrio medioambiental» ha insistido el conseller sobre el decreto aprobado, y ha destacado la celeridad «coordinada y consensuada» de actuación por parte del Govern en este sentido, tras el recurso ante el Constitucional por parte del Ejecutivo central.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo balear, ha indicado que en este caso se justifica la utilización de la figura del decreto ley, pero ha afirmado que es una figura que el Govern del que forma parte utilizará solo en casos de urgencia.

El Gobierno central recurrió la ley de comercio balear porque considera que invade competencias exclusivas del Estado y establece una regulación contraria a las dispuestas en las normativas básicas del sector.

Entre ellos, que el régimen de las islas establece un plazo de cuatro meses para notificar la autorización de un gran establecimiento comercial, mientras la normativa estatal, noventa días.

Además, la legislación balear exige una autorización previa de los ayuntamientos para la implantación o ampliación de grandes superficies, mientras la del Gobierno considera que los de menos de 759 metros cuadrados no pueden ser sometidos a un régimen de autorización.

Sobre los horarios comerciales, la normativa general exige que municipios de más de 100.000 habitantes tengan más de 600.000 pernoctaciones para ser declaradas zona de gran afluencia turística, mientras que la autonómica exige que los de 200.000 habitantes registren más de un millón de pernoctaciones.

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