En esta causa, la Fiscalía Anticorrupcion pide 7 años de prisión por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude para Julve, la ex secretaria técnica de Cooperación Local del Consell de Mallorca, Coloma Castañer, y para el empresario Simón Galmés, a quien considera beneficiado de un contrato para comprar sillas y de otra adjudicación para controlar el servicio de recogida selectiva de residuos.
También solicita 4 años para otros dos empresarios a quienes se adjudicó una primera compra de sillas y que luego se retiraron del segundo procedimiento para que fuera adjudicado a Galmés. Anticorrupción estima que los cinco acusados causaron un perjuicio de 575.268 euros a las arcas públicas.
En la primera jornada del juicio, celebrada el 6 de julio, la que fuera secretaria técnica de Cooperación Local, Coloma Castañer, declaró ante el tribunal que dicho departamento compró unas sillas en 2005 y 2006, por casi 60.000 euros, para favorecer a «empresas afines a Unió Mallorquina» y a un amigo íntimo del conseller.
Relató que los dos negociados para adquirir sillas fueron amañados siguiendo instrucciones del entonces conseller (Miquel Riera) para que se compraran a unas empresas afines a UM. Cuando él falleció, su sucesora en el cargo, Catalina Julve se mantuvo esta adquisición de sillas.
También declaró como acusado el empresario Galmés, que defendió su trabajo y aseguró que cumplía todos los requisitos para beneficiarse de la adjudicación tanto del contrato de las sillas como del control de la recogida selectiva, aunque admitió que si no hubiera sido amigo del conseller Riera «la información, igual difícilmente la hubiera tenido» para optar a ambos.
En su declaración en la sesión del juicio celebrada el 16 de julio, Julve defendió su actuación en la contratación de Galmés, tanto para la vigilancia de la recogida de basuras como para el suministro de sillas, que consideró útil para los ayuntamientos de la isla.
Julve sostuvo que cuando se hizo cargo del departamento de Cooperación Local en 2006 por la muerte de Riera autorizó la adquisición por concurso de un segundo lote de sillas con todos los informes favorables, aunque finalmente la única empresa concurrente fue la sociedad de su compañero de partido Galmés.
Este empresario, explicó, le informó de que por designación de Riera iba a ser adjudicatario del servicio de control de la recogida selectiva de basuras contratado por las empresas adjudicatarias, que le reportó 515.000 euros, algo que ella no cuestionó porque no requería de su intervención, ni tuvo nunca información sobre si realizaba realmente el trabajo.
Julve subrayó que «había entrado en unas condiciones accidentales, sin ninguna experiencia en la gestión pública» a dirigir un departamento en el que reinaba un ambiente de «duelo» y donde ella se planteaba simplemente dar continuidad a la gestión que venía realizando su antecesor fallecido.
También declararon el día 16 los otros dos acusados, los empresarios César García y Miguel Rullán, primos y durante 2005 socios en el Grupo Rullán, adjudicatario del primer concurso de sillas, que obtuvo por 29.928 euros al concurrir con tres empresas distintas pero de los mismos propietarios. Ambos negaron cualquier irregularidad.
3 comentarios
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Tambien hay otra gente de los pueblos , expoliticos , que tendrian que estar sentados al banquillo, .....o lo estaran.....
Si las sillas de plástico eran aquellas que en la noche de homenaje a Miguel Pons no resistían el peso de los asistentes (en el patio de la Misericordia) y se rompían con estruendo risible, entonces hay que imputar también por boicoteo de acto público a todas las sillas rotas.
El fiscal pide poca pena, ASI VOLVERIAN HACER LO MISMO , ES SU vida.