El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha admitido a trámite la denuncia del propietario de una vivienda de Palma que llevó a los tribunales la actuación presuntamente delictiva en que incurrirían de forma «habitual» las compañías eléctricas bajo el pretexto de hacer frente a los enganches ilegales y otros posibles fraudes cometidos por parte de algunos inquilinos.
Mediante un auto, la jueza ha acordado incoar diligencias previas en torno a estos hechos y ha citado a declarar al denunciante el próximo 18 de septiembre, a las 10.00 horas.
En su denuncia, el afectado apunta a la comisión de un presunto delito de coacciones por parte de la compañía con la que tiene contratado el suministro de la luz, Gas Natural, que «le obliga al pago de una abusiva e ilícita cantidad dineraria sin base alguna», superior a los 7.000 euros, si desea disponer de electricidad.
Los hechos comenzaron a tener lugar después de que su vivienda fuese ocupada por una inquilina que acabó siendo desahuciada por impago de rentas y suministros, y denunciada por fraude de fluido eléctrico dado que se había enganchado de forma ilegal a los contadores del edificio durante más de dos meses.
Desde entonces, según la denuncia interpuesta por el abogado Antonio Martínez, del Bufete Coca, la vivienda no dispone de luz lo que impide su disfrute y sobre todo el poder volver a arrendarla.
El escrito señala que, verbalmente y «jamás por escrito», la compañía eléctrica le ha comunicado que si desea restablecer el suministro debe pagar «una cantidad superior a los 7.000 euros en concepto de multa» y, en caso de no proceder así, «jamás tendría luz». Un hecho que el letrado califica de «sorprendente, además de delictivo».
El afectado por estos hechos apunta que la única deuda existente que se le ha confirmado por correo asciende a 65 euros. En el mismo email la eléctrica le dijo que el pago de esta cantidad le permitiría volver a disponer de luz. Sin embargo, lejos de ello, la compañía le comunicó por teléfono que tenía pendiente una sanción superior a los 7.000 euros.
Tal y como suscribe el abogado, «el detonante aconteció» hace varios días, cuando el dueño de la vivienda constató en su cuenta cargos por el anterior importe «no sólo no autorizados, sino absolutamente ilegales», lo que constituiría un delito de apropiación indebida.
Este fraude podría ser habitual
El letrado advierte además de que «este ilícito proceder parece habitual por parte de estos suministradores, que se aprovechan del posible fraude que pueden haber cometido algunos ocupantes de las viviendas para, parapetándose en ello, cometer ellas su propio y más aún reprochable fraude».
La representación procesal del afectado señala que también podría haberse cometido un delito de falsedad documental, al sospechar que podría haber sido manipulada la firma del denunciante a fin de que la eléctrica pudiera obtener la orden de cargo o autorización en su cuenta bancaria.
1 comentario
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A por ellos !!!!!! Se habrán quedado a cuadros al ver que alguien les planta cara, jajajajaja. Mucha suerte en este por desgracia largo periplo, espero que paguen todos los daños que le estén causando.