La próxima semana comienza el juicio a Fernando Areal por supuesta financiación ilegal del PP

La Fiscalía Anticorrupción reclama tres años de cárcel y una multa de 15.000 euros para el procesado por un presunto delito electoral. El juicio, enmarcado en la pieza 4 del caso Palma Arena, tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma y, en concreto, está señalado para los días 8, 27 y 28 de octubre así como para el 4, 5 y 10 de noviembre.

El fiscal Pedro Horrach apunta al hecho de que la cantidad objeto de juicio, los casi 72.000 euros abonados en metálico, no tuvo reflejo en la contabilidad del partido, cuya llevanza y control estaba en manos de Areal y que, en consecuencia, habría resultado presuntamente falseada.

De hecho, la Audiencia Provincial de Balears dictó un auto el pasado mes de junio en el que avalaba la existencia de pagos en 'B' por parte del PP balear a los organizadores de sus campañas electorales de 2003 y 2007, con Matas como candidato a la presidencia del Govern, que no quedaron reflejados en la contabilidad oficial del partido.

En su resolución judicial, que confirmaba el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez José Castro como primer paso para que el extesorero se sentara en el banquillo, el tribunal consideraba «verosímil» la confesión efectuada por el administrador de la empresa de publicidad Nimbus, Miquel Romero -para quien fue archivada la causa-, quien detalló cómo el PP, al detectar que se habían superado los límites de gasto, le pagó en negro 71.958 euros.

El tribunal recordaba además cómo en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña electoral, «avalarían la realidad de tales pagos en negro» al hacer mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

«No pudiendo olvidar que la entidad Nimbus podría haber operado de igual modo con ocasión de las elecciones del año 2003», abundaba la Audiencia, si bien en este caso los hechos estarían prescritos.

Tal y como apunta la Fiscalía en su escrito de acusación, entre las obligaciones que la Ley de Régimen Electoral General impone respecto a los fondos destinados a la campaña electoral destaca el establecimiento de límites a la cuantía que los partidos políticos pueden destinar a los mismos en atención al origen público de dichos fondos.

Nimbus facturó hasta 249.872 € al PP durante la campaña

Según la acusación pública, Areal contrató a Nimbus para que se encargase de la creación y diseño de anuncios y la gestión de la contratación de espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación, trabajos por los que la agencia emitió contra el PP cinco facturas por un importe global de 249.872 euros, que fueron -salvo la última- remitidas a la Sindicatura de Comptes de Balears y al Tribunal de Cuentas de cara a su fiscalización.

Al margen de los anteriores servicios, Nimbus, durante los meses de abril y mayo de 2007 y por encargo de Areal, que actuaba en representación del PP, desarrolló numerosas tareas de creatividad y promoción de los mensajes electorales del partido, que generaron unos costes oficiales de 62.572 euros que, junto al margen de beneficio bruto del 15 por ciento, suponían un total de 71.958 euros.

Unos fondos que Areal decidió abonar en negro al haber superado el PP los límites legales fijados para gastos electorales, de modo que la cantidad fue entregada a Romero mediante diversas entregas de dinero en efectivo.

Es más, según relata el Ministerio Público, las entregas de fondos opacos fueron realizadas en la sede de la formación, sin que se haya podido determinar la procedencia de los 71.958 euros. Según la Fiscalía, Areal manipuló las cuentas del PP, falseando las mismas, al omitir «de forma deliberada» reflejar en la contabilidad las aportaciones realizadas en negro.

El fiscal Horrach destaca cómo el PP balear fue «beneficiario directo» de estos hechos delictivos por cuanto Areal actuaba en su calidad de administrador general de la candidatura del partido, destinatario directo de la propaganda electoral. Hechos que, incide, no constituyen acontecimientos aislados al tratarse de una «reproducción de la operativa que desarrolló el PP en la campaña electoral de abril de 2003».

Otras causas en las que se investiga al extesorero del PP

Entre las causas en las que también se investiga a Areal se encuentra el caso Son Espases, en el que se encuentra imputado por haber mediado en el presunto cobro de comisiones por parte de las principales empresas que concurrieron al proceso de adjudicación de las obras del hospital.

El juez busca esclarecer si el PP o el propio Matas exigieron comisiones a cambio de la concesión de las obras tanto a OHL, cuyo presidente, Juan Miguel Villar Mir, también está encausado, o a la UTE liderada por Dragados -empresa filial de ACS, de la que es presidente Florentino Pérez-.

Asimismo, el extesorero está imputado en el caso Over Marketing, considerada la ramificación balear del caso Gürtel, en el que el administrador de la anterior agencia de publicidad -encargada de diseñar parte de la campaña electoral del PP balear en 2007-, Daniel Mercado, explicó cómo Areal era quien establecía en el partido los pagos en dinero A y B.

Tal y como señaló en su día ante el juez Castro, el empresario pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco, y en este contexto explicó que «el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones».

«¿Dinero negro, qué es eso?»

Precisamente, tras declarar en su día en relación a estas afirmaciones, Areal abandonó las dependencias judiciales preguntándose ante los medios: «¿Dinero negro, qué es eso?», negando por tanto haber cobrado dinero en B y acusando a Mercado de mentir.

Del mismo modo, Areal fue interrogado como encausado en relación a la reforma presuntamente irregular de la sede del PP, que según los investigadores fue sufragada con los fondos aportados por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.

Castro cuenta con la declaración que efectuó en su día el constructor Juan Serra en la pieza principal del caso Palma Arena, en la que reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó: hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través del propio Areal.