Un camión llega a Son Reus cargado de residuos importados a la isla para su incineración. | Pilar Pellicer

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Asociaciones ecologistas y promotoras de la gestión sostenible de los desechos han iniciado los contactos con las instituciones públicas para promover la elaboración y aprobación en 2016 de una ley de residuos que dé un vuelco a la política actual sometida «a los intereses incineradores de Tirme».

Representantes de la Fundación Deixalles, el Gob, Amics de la Terra y Greenpeace se reunieron este miércoles con responsables del Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca y el Govern para plantearles la necesidad de aprobar una ley dirigida a superar el actual modelo.

Según informa en un comunicado el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (Gob), la gestión de los residuos está condicionada por «las infraestructuras incineradoras y el contrato blindado por parte del Consell de Mallorca con Tirme hasta el año 2041».

Los impulsores de la ley promueven «una gestión sostenible de los recursos por encima de los intereses de la empresa concesionaria del servicio público insularizado de gestión de residuos que UM blindó a través de un contrato que la misma administración ha tachado de lesivo para el interés público».

Según los ecologistas, la expansión de los programas de reducción de residuos, reutilización y reciclaje está supeditada al «interés de mantener los objetivos de quemar el 60 % de los residuos que se generan en Mallorca y a importar para mantener sus objetivos de tener las plantas incineradoras funcionando al 100 %».

Las entidades que reclaman una nueva ley apuestan por que se generalice la recogida de materia orgánica y se implanten sistemas de depósito, devolución y retorno de envases.

«Los consells tendrán también que revisar sus planes directores sectoriales para hacer posible este cambio imprescindible y Palma tiene en los residuos la gran asignatura pendiente y, por la cantidad de población que representa, es una de las piezas claves del cambio», añade el Gob.