Tal y como ha señalado en declaraciones a los medios tras el interrogatorio, tanto Matas como «una persona que en la actualidad está en la cárcel» -en velada alusión a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar- se encontraban detrás de este soborno, al tiempo que ha reafirmado que se trató de un proceso «amañado» a favor de la UTE liderada por OHL «y por eso lo contamos».
Tras ser publicado que la empresa presidida por el exministro Juan Miguel Villar Mir se postulaba como ganadora pese a ser la oferta más cara, el Govern pidió informes a varios colegios profesionales y Dragados fue finalmente la empresa que se llevó la concesión.
«No se podía permitir que los contribuyentes pagasen 115 millones de euros más por ser adjudicado el proceso a OHL», ha recalcado Inda, quien ha insistido en que el pago de una supuesta comisión «flotaba en el aire». Según ha apuntado, una de las personas que así se lo comentó fue el exconcejal de Urbanismo del Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos, a quien se ha referido puesto que «me dispensó del deber del secreto profesional».
Por otro lado, también han sido interrogados el exdirector asistencial del Ib-Salut Luis Alegre, a la exsecretaria general de la Conselleria de Salud y quien fuese vocal en la mesa de contratación Antonia Estarellas, y el síndico y exdirector general de Presupuestos del Govern Bernat Salvá. Todos ellos han defendido la legalidad del proceso de adjudicación.
Mientras tanto, este jueves comparecerán el letrado Alfredo Rubén Fernández, el exasesor jurídico de Matas, José María Fiol, Carmen Fernández, el exresponsable de la Abogacía de la Comunidad Autónoma Pedro Aguiló, y el exdirector general de Planificación y vicepresidente de la mesa de contratación de Son Espases, Josep Corcoll.
Ya el viernes está previsto que declaren el propio Perera, el catedrático Joan Oliver y el arquitecto Juan Seguí.
En la querella, admitida por Castro el pasado julio, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach asevera cómo en el concurso para la construcción y explotación de este hospital «la perversión alcanza su máximo exponente» y asegura que tras la «realidad formal» de este expediente administrativo hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias».
En su denuncia, el fiscal recalca asimismo cómo en este proceso se da el «paradigma» con el que «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida».
En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien «ordenó la manipulación del concurso» a través de la exconsellera de Salud Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán, y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, «para beneficiar ilícitamente» a UTE liderada por OHL.
Es más, según la confesión efectuada en esta causa por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP reclamó nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital.
