En esta causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de la mayor obra pública de Baleares y su posible amaño, el juez Castro ha dictado hoy una providencia en la que pide al Consultiu una copia de los documentos y libros de registro que se refieran de algún modo a la designación del ponente del dictamen sobre Son Espases que emitió dicho organismo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Castro ha solicitado además los nombres, apellidos y domicilio de los funcionarios que tuvieron alguna intervención en la elaboración de dicho dictamen.
Esta petición de información sobre la designación del ponente, que fue el entonces presidente del Consell Consultiu Miquel Coll (fallecido en 2008), se produce después de que la semana pasada declarasen ante el juez como testigos varios miembros de dicho organismo de consulta.
Una de las consejeras del Consultiu, la jurista Carmen Fernández, que fue designada inicialmente para elaborar el dictamen, declaró ante el juez que Coll hizo valer su rango para asumir la redacción del informe de legalidad sobre el concurso de Son Espases.
Detalló que cuando el Govern que entonces presidía Jaume Matas solicitó al Consell Consultiu un dictamen después de paralizar el concurso para la construcción del nuevo hospital, el encargo recayó en ella por el orden rotatorio prefijado.
Al día siguiente de que Fernández recibiera el expediente y se dispusiera a analizarlo para redactar la propuesta de dictamen sobre la legalidad del concurso, paralizado después de que se denunciara públicamente que estaba amañado en favor de OHL, Coll se lo reclamó y se hizo cargo de la elaboración del informe.
Aunque entra dentro de las atribuciones del presidente del Consell Consultiu asumir un dictámen que no le corresponda en el turno de reparto, Fernández explicó a Castro que durante su trayectoria en el órgano asesor, del que sigue formando parte, nunca había conocido una situación similar.
La mayoría del Consultiu ratificó el dictamen de legalidad que redactó Coll, en el que se avalaba el proceso de contratación seguido y se recomendaba que, antes de resolver el concurso, se solicitaran informes de valoración de las propuestas a los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Economistas.
La consejera emitió un voto particular contrario a dicha decisión porque consideró que no cabía pronunciarse sobre un proceso de contratación en el que aún no había un pronunciamiento de la mesa constituida al efecto.
Por su parte, el actual presidente del Consell Consultiu, Rafael Perera, que también declaró como testigo el viernes pasado, negó que el Govern «presionase» a este órgano en relación con su dictamen sobre el proceso de adjudicación del hospital de Son Espases y señaló que no apreciaba ninguna irregularidad.
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