En una providencia dictada este jueves, el juez de Instrucción número 3 de Palma, que investiga el presunto amaño en el concurso para construir el hospital, ha pedido explicaciones al Consell Consultiu por la demora desde el 4 al 17 de agosto de 2006 en tramitar el expediente del que dependía dicha adjudicación, que tenía «una gran repercusión mediática».
Además Castro vuelve a preguntar al Consultiu acerca de la designación del ponente para elaborar dicho informe, una labor que se reservó el entonces presidente de dicho organismo, Miquel Coll (fallecido en 2008).
El juez ya había consultado el pasado 9 de noviembre al Consell Consultiu por la designación del ponente que elaboró el dictamen, después de que una de las consejeras, la jurista Carmen Fernández, que fue designada inicialmente para realizarlo, declarase como testigo ante el juez que Coll hizo valer su rango para asumir la redacción del informe de legalidad sobre el concurso de Son Espases.
Fernández detalló que cuando el Govern solicitó al Consell Consultiu un dictamen después de paralizar el concurso para la construcción del nuevo hospital, el encargo recayó en ella por el orden rotatorio prefijado, pero Coll se lo reclamó.
En la providencia dictada este jueves, Castro pregunta en detalle al Consell Consultiu a qué consejero le habría correspondido la ponencia en caso de que el presidente no se la hubiera reservado y en virtud de qué turno «si aleatorio entre todos ellos, si especial por una específica capacitación sobre la materia».
También pide explicaciones sobre cuál es el criterio de reparto de una ponencia que no se la reserva antes el presidente, cuál es la dinámica del sistema que se utiliza en la actualidad y cuál era la que se utilizaba en agosto de 2006.
Castro ha reclamado además al Consultiu los libros, libretas y anotaciones mecanizadas o manuscritas existentes para el control de dicho mecanismo de reparto, así como información sobre los funcionarios encargados de cumplimentarlos.
El juez ha citado además a declarar como testigos el próximo 18 de diciembre a otras dos personas en el marco de esta investigación.
Por otra parte, Castro ha pedido a la Audiencia Nacional que suspenda una solicitud le remitió el pasado 18 de noviembre, pidiendo las facturas de la empresa que realizó las obras de reforma de la sede del PP de Madrid, Unifica Servicios Integrales.
Tras dicha solicitud y ante el gran volumen de facturas derivadas de la actividad de Unifica Servicios Integrales, la Secretaría de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional pidió al juez Castro que concretara su petición por fechas o empresas contra las que se giraron.
Castro ha pedido que suspendan la solicitud hasta que pueda contar con más datos para concretar.
1 comentario
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Vaya panda los del consell consiltiu!!!!!!!!!!