Tal y como han señalado fuentes del caso, el Ministerio Público presentará un escrito en el que apoyará la petición del encausado, quien niega haber cometido delito alguno y, principalmente, que las empresas que conformaban la unión temporal encargada de la construcción sobornasen al expresidente del Govern Jaume Matas a cambio de lograr la adjudicación de las obras.
El juez instructor de las pesquisas, José Castro, dio mediante una providencia un plazo de tres días a la Fiscalía y resto de partes personadas para que se pronuncien sobre la solicitud de Rodríguez, quien se encuentra imputado en el caso Palma Arena desde 2009, año en que fueron impulsadas estas investigaciones.
La causa, cuya complejidad derivó en la apertura de 28 piezas separadas, indaga entre otros hechos el sobrecoste de más de cincuenta millones de euros en la construcción de la considerada infraestructura 'estrella' bajo el último mandato de Matas (2003-2007), el enriquecimiento supuestamente ilícito del exministro y su elevado tren de vida así como la financiación ilegal del PP balear.
La defensa del empresario asevera cómo un informe de la Guardia Civil sitúa en 2004 el incremento patrimonial injustificado de Matas que se indaga en estas pesquisas -aumento supuestamente derivado del sobrecoste de las obras y el presunto pago de comisiones-, mientras que otro dictamen lo ubica «mucho antes» de enero de 2006, periodo en el que se produjo la adjudicación de los trabajos de construcción a la UTE gerenciada por Rodríguez, integrada por las mercantiles FCC y Melchor Mascaró.
El encausado, uno de los primeros cinco detenidos en esta causa, cuya operación policial se produjo en agosto de 2009, defiende tajante que el precio de las obras ejecutadas por la UTE fue de 69 millones de euros, mientras que el resto, hasta los 110 millones que acabó costando el velódromo, «es ajeno» a la unión de empresas.
Tal y como subraya, se trataba de determinadas partidas, como las de la pista del Palma Arena y el viodemarcador, que «corrían a cargo de otras empresas ajenas a la UTE», además de incluir determinados gastos de promoción del edificio o publicidad de eventos, que «asimismo se consideran fraudulentos y que son servicios que la UTE no prestó, pues se prestaron y facturaron por empresas ajenas a ella».
Rodríguez recuerda que, en cuanto a la actuación de la UTE, ésta «se limitó a seguir las instrucciones de la dirección facultativa» de las obras, que es el órgano al que le corresponde ordenar la ejecución de modificaciones al proyecto original o de obras complementarias al mismo, «órdenes que la contrata viene obligada a ejecutar».
En estas modificaciones, abunda, los precios serán fijados por la Administración «de acuerdo con la propuesta de la dirección facultativa y las observaciones del contratista».
Presupuesto inicial de 47 millones
El empresario recuerda además que la ejecución de la obra fue inicialmente encomendada al arquitecto alemán Ralph Schürmann, quien presentó «un proyecto de ejecución absolutamente insatisfactorio, entre otras razones porque carecía de los más elementales cálculos y de otros datos imprescindibles» para el proyecto.
Según apunta, el presupuesto que Schürmann había calculado fue de 47 millones de euros, un cálculo que «carecía de cualquier soporte real pues el proyecto adolecía de carencias que impedían no ya su ejecución, sino siquiera tener un conocimiento aproximado de su coste de ejecución».
Se trata de unas «graves deficiencias» que, añade, determinaron que la dirección facultativa ordenara imprimir un ritmo de trabajo especialmente intenso que obligó a la contratación de personal suplementario al inicialmente previsto y a realizar numerosas modificaciones al proyecto inicial o a introducir trabajos complementarios inicialmente no previstos», lo que condujo a que el importe final de las obras por parte de la UTE fuese de 69 millones de euros (79,9 millones con IVA).
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